ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO PRIMERO > TÍTULO I > Capitulo XI – Precios de Transferencia > Reformado. L. 1607/2012, art. 111. Criterios de vinculación.—
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ART. 260-1. | Reformado. L. 1607/2012, art. 111. Criterios de vinculación.— [&4232]

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se encuentra en uno o más de los siguientes casos:

 

1. Subordinadas

 

a) Una entidad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas o entidades que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria;

 

b) Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

 

i. Cuando más del 50% de su capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto;

 

ii. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere;

 

iii. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad;

 

iv. Igualmente habrá subordinación, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales esta posean más del cincuenta (50%) del capital o configuren la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad;

 

v. Igualmente habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas, o un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios, conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir el cincuenta por ciento de las utilidades de la sociedad subordinada.

 

2. Sucursales, respecto de sus oficinas principales.

 

3. Agencias, respecto de las sociedades a las que pertenezcan.

 

4. Establecimientos permanentes, respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte.

 

5. Otros casos de Vinculación Económica:

 

a) Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz;

 

b) Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no societaria;

 

c)  Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de ambas. Una persona natural o jurídica puede participar directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de otra cuando i) posea, directa o indirectamente, más del 50% del capital de esa empresa, o, ii) tenga la capacidad de controlar las decisiones de negocio de la empresa;

 

d) Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en más del cincuenta por ciento (50%) a personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o único civil;

 

e) Cuando la operación se realice entre vinculados a través de terceros no vinculados;

 

f) Cuando más del 50% de los ingresos brutos provengan de forma individual o conjunta de sus socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares;

 

g) Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, otras formas asociativas que no den origen a personas jurídicas y demás contratos de colaboración empresarial.

 

La vinculación se predica de todas las sociedades y vehículos o entidades no societarias que conforman el grupo, aunque su matriz esté domiciliada en el exterior.
 


:: CONCORDANCIAS

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COMENTARIOS. —  

Para una mejor comprensión del art. 260-1 y ss. del E.T. señalamos el concepto de fusiones y escisiones.
 
1. De acuerdo con el art 172 del Código de Comercio: “Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”;
 
2. Para el caso de las fusiones adquisitivas se consideran aquellas que tienen lugar entre entidades que no están vinculadas entre sí, esto de acuerdo con el artículo 260-1 del Estatuto Tributario;
 
3. También, se señala que son fusiones reorganizativas son aquellas en las cuales las sociedades participantes están vinculadas entre sí o las que ocurran entre una matriz y sus subordinadas. Las intervinientes pueden ser sociedades nacionales o de una sociedad extranjera y una nacional, siempre que esta última sea la absorbente;
 
4. La Ley 222 de 1995, art. 3º señala que habrá escisión cuando:
“1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades.
b. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades.
La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias.
 
Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquella, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una participación diferente”;
 
5. Las escisiones adquisitivas son aquellas en las cuales la entidad escindente y las beneficiarias, en caso de preexistir, no están vinculadas entre sí, y
 

6. Las escisiones reorganizativas son aquellas donde existe un vínculo entre las sociedades participantes en la escisión, de ser preexistentes a dicho proceso, y aquellas escisiones por creación en las que el patrimonio de las sociedades beneficiarias quede conformado exclusivamente por activos provenientes de la sociedad escindente.


CAPÍTULO I Criterios de vinculación, contribuyentes obligados, operaciones de financiamiento
[&4232-1]
D.R. 3030/2013. 

ART. 1º. Criterios de vinculación.Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, se considera que existe vinculación cuando el contribuyente se encuentra en uno o más de los siguientes casos:
 
a) De conformidad con lo señalado en el numeral V del literal b) del numeral 1º del artículo 260-1 del Estatuto Tributario, se considera que existe vinculación, cuando en dos o más entidades una persona natural o jurídica, o una entidad o esquema de naturaleza no societaria, aunque no se encuentre vinculada por capital, tenga derecho a percibir directa o indirectamente más del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades de una sociedad.
 
b) De conformidad con lo señalado en el literal b) del numeral 5º del artículo 260-1 del Estatuto Tributario, se considera que existe vinculación económica, cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente en más del cincuenta por ciento (50%) a una misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no societaria.
 
c) De conformidad con lo señalado en el literal g) del numeral 5º del artículo 260-1 del Estatuto Tributario, se considera que existe vinculación económica cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, otras formas asociativas que no den origen a personas jurídicas y demás contratos de colaboración empresarial, cuando los mismos celebren operaciones con vinculados de uno cualquiera de los miembros, en relación con el objeto del consorcio, unión temporal, cuentas en participación u otras formas asociativas, caso en el cual las obligaciones relativas al régimen de precios de transferencia deberán ser cumplidas por el miembro del consorcio, unión temporal, cuentas en participación u otras formas asociativas respecto de quien se predique la vinculación.


[&4233]
D.R. 1697/2007. 

ART 1º.— El Ministerio de Minas y Energía fijará el precio de venta de que trata el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 para quienes hayan exportado minerales por valor de más de cien millones dólares (US $100.000.000) durante el año gravable inmediatamente anterior.


[&4234]
D.R. 1697/2007.  

ART. 5°. Reformado. D.R. 1282/2008, Art 1°.— Para los exportadores a quienes conforme al artículo 1° les sea aplicable el presente decreto, que estén sometidos al régimen de precios de transferencia, sus ingre­sos por ventas de minerales a vinculados económicos o partes relacionadas residentes o domiciliados en el exterior y/o en paraísos fiscales serán como mínimo los que resulten de la aplicación del precio fijado por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con lo dispuesto en este decreto y sin perjuicio de la obligación de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores y los ingresos obtenidos por otros conceptos tales como transporte, seguros, manejo, cargue, descargue y almacenamiento, aunque se facturen o convengan por separado.


[&4235]
D.R. 1697/2007. 

ART 6o.— Para efectos del período de transición de que trata el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006, dicha norma y los decretos que la reglamenten, incluyendo éste, se aplicará a las ventas efectuadas a partir del primero (1o.) de julio del año 2007.


[&4236]
OPINIÓN DE LA DIAN - Los exportadores de minerales no están obligados a preparar y presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario.— 

“De acuerdo con los antecedentes del artículo 16 de la Ley 1111 de 2006, consignados en el pliego de modificaciones de la ponencia para primer debate del proyecto de ley (Ga­ceta del Congreso número 527 del 9 de noviembre de 2006) y con los considerandos del Decreto Reglamentario 1697 de 2007, el precio de venta fijado por el Ministerio de Minas y Energía, tiene efecto en la determinación del impuesto sobre la renta para los contribu­yentes sometidos al régimen de precios de transferencia, que hayan exportado minerales por más de cien millones de dólares (US$100.000.000) al año. (Oficio número 098673 del 30 de noviembre de 2007).
 
La honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-809 del 3 de octubre de 2007 (M.P. doctor Manuel José Cepeda Espinosa), se pronunció sobre el alcance del artículo 16 de la Ley 1111 de 2006, al analizar el cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de unidad de materia, en los siguientes términos:
 
“(…) De esta forma, así se estime la norma acusada ajena al Capítulo en concreto en el que se encuentra ubicada, lo cierto es que el precepto guarda una conexidad objetiva, causal, teleológica y temática con los fundamentos jurídicos generales de la Ley 1111 de 2006, en la medida en que permite determinar los ingresos que con ocasión a la venta de las exportaciones de minerales, perciben quienes se dedican a esta actividad económica”. (Subrayado fuera de texto).
 
Como se observa, acorde con los antecedentes de la ley y con las consideraciones de la honorable Corte Constitucional, contrario a lo manifestado por el consultante, el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 sí tiene efectos en la determinación del impuesto sobre la renta, y estos se concretan conforme con el Decreto Reglamentario 1697 de 2007, modificado por el Decreto 1282 de 2008, en que para los exportadores sometidos al régimen de precios de transferencia, a quienes les sea aplicable dicho decreto, sus ingresos por ventas de minerales a vinculados económicos o partes relacionadas residentes o domiciliadas en el exterior y/o paraísos fiscales serán como mínimo los que resulten de la aplicación del precio fijado por el Ministerio de Minas y Energía, y sin perjuicio de la obligación de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores.
 
Es por esta razón que en el Oficio número 093845 del 15 de noviembre de 2007, se concluyó que para dichos exportadores no habrá lugar a aplicar los métodos previstos en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario.
 
Por su parte, los artículos 2° y 3° del Decreto 1697 de 2007 regulan expresamente, el procedimiento, la información y la documentación que los exportadores deben presentar al Ministerio de Minas y Energía. (…)
 

En mérito de lo expuesto se confirma el Oficio número 067261 del 20 de agosto de 2009”. (DIAN, Oficio No. 052022, jul. 23/2010. Promulgado Diario Oficial No. 47.804 del 17 de agosto de 2010) (&4243 y 4261)

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[&4237]
OPINIÓN DE LA DIAN - El régimen de Precios de Transferencia es aplicable a los contribuyentes del régimen tributario especial.–  

“(...) Las entidades “sin ánimo de lucro” encuentran reconocimiento en la Constitución Política de Colombia (artículos 38 y 103, entre otros), en la medida que colaboran en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, contemplados en el artículo 2º, entre los cuales se destacan el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad y la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, siendo en últimas su objetivo principal la consecución del bienestar de la comunidad. (…)

 

Acorde con esta definición, si bien dichas entidades no existen para generar utilidades para los asociados, ello no implica la carencia de excedentes en sus operaciones, pues lo que las caracteriza es la forma como finalmente se van a distribuir los excedentes y no la existencia de los mismos. Así las cosas, es viable que las entidades “sin ánimo de lucro” realicen actividades de naturaleza comercial que les reporten rentabilidad, para proveerse de recursos necesarios para desarrollar las de su objeto social, siempre y cuando aquellas no primen sobre estas. (…)

 

Empero, un estudio más profundo de la finalidad del Régimen de Precios de Transferen­cia, a la luz de los antecedentes de la Ley 788 de 2002 nos indica, que los contribuyentes del Régimen Especial también podrían incurrir en situaciones de hecho que son las que justifican su aplicación, tal es el caso de manipulación de los precios de sus operaciones y procurar transferir artificialmente al exterior, no ya sus utilidades, sino sus beneficios ne­tos o excedentes, con lo cual lograrían distraer los recursos destinados al bienestar social, desvirtuando su propósito principal y por ende el cumplimiento de los requisitos que los hace acreedores al Régimen Especial.

 

En este punto, es menester reiterar que al tenor de lo dispuesto por el artículo 260-1 del Estatuto Tributario en armonía con el artículo 1º del Decreto Reglamentario 4349 de 2004, todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior, están sometidos al Régimen de Precios de Transferencia. Significa que la sujeción a este régimen obedece a la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta, independientemente de la forma en que determinen el resultado fiscal y de que liquiden impuesto. Dicho de otra manera, la ley no establece tratamiento diferencial, en función del régimen a que pertenezcan, o de la base imponible; es decir, no distingue entre contribu­yentes del régimen ordinario y del régimen especial, ni tampoco entre los que determinan renta líquida o beneficio neto o excedente: (…)

 

Ahora bien, de acuerdo con el mandato de los artículos 19 y 356 que hacen parte del Libro Primero del Estatuto Tributario, relativo al “Impuesto sobre la Renta y Complementarios”, las entidades del Régimen Tributario Especial son sujetos pasivos de este tributo. (…)

 

Obsérvese entonces, que si bien el procedimiento de depuración del beneficio neto o excedente, es más flexible que el previsto en el artículo 26 para los contribuyentes del régimen ordinario, no es completamente ajeno al mismo, sino que por el contrario toma elementos de este y los hace propios, tales como el concepto de ingresos exceptuados de gravamen y las limitaciones y requisitos para la procedencia de los costos y deducciones (Concepto número 061189 del 2 de septiembre de 2005). Cabe anotar que los artículos 176 a 177-2 ubicados en el Capítulo V “Deducciones” se refieren a las limitaciones comunes a costos y deducciones y en concreto el artículo 177 del Estatuto Tributario establece que las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos, en los artículos 85 a 88, inclusive. Tales limitaciones comprenden, entre otras, las que conciernen a las operaciones con vinculados económicos (artículos 85, 124-1, 124-2 y 151 del Estatuto Tributario), de las cuales precisamente se ocupa el Régimen de Precios de Transferencia y en particular el artículo 260-7.

 

Se alega además que la interpretación que hace el Despacho del artículo 260-1 del Estatuto Tributario deroga todo el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario, que contiene disposiciones especiales que priman sobre las generales.

(…)

 

En el caso que nos ocupa, la supuesta derogatoria no se presenta porque las normas del Régimen de Precios de Trasferencia y del Régimen Tributario Especial, no son irreconci­liables ni excluyentes, sino que por el contrario como se ha venido demostrando a lo largo de este escrito, se impone su interpretación y aplicación armónica de conformidad con la regla consagrada en el artículo 30 del Código Civil.

 

El peticionario afirma también que no era necesario excluir expresamente a las enti­dades del Régimen Especial, del Régimen de Precios de Transferencia, porque nunca las incluyó.

En gracia de discusión, si se admitiera este argumento, igualmente se podría sostener que en virtud del Régimen Tributario Especial, dichos contribuyentes no están obligados a liquidar renta presuntiva, y sin embargo fue necesario que así lo declarara expresamente el artículo 191 del Estatuto Tributario, cuya norma fuente es el artículo 32 de la Ley 75 de 1986. Así mismo es revelador que en el caso del impuesto de patrimonio, cuyos sujetos pasivos son los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, el artículo 297 del Estatuto Tributario haya excluido expresamente las entidades a que se refiere el numeral 1 del artículo 19.

 

En este orden de ideas, para efectos de establecer el sentido de la ley no es posible hacer una aplicación totalmente desarticulada de las normas del Título VI, como pretende el peticionario, sino que por el contrario este Título debe interpretarse en armonía con las disposiciones pertinentes del Libro Primero del Estatuto Tributario. En consecuencia, teniendo presente la filosofía que inspiró ambos regímenes, no se advierte violación algu­na de la Constitución o de la ley al aplicar el Régimen de Precios de Transferencia a los contribuyentes del Régimen Tributario Especial. (DIAN, Oficio 106689, dic 28/2007. Promulgado Diario Oficial No. 46.880 del 23 de enero de 2008) (& 0331, 2389, 2415, 2557, 4232 y 6300)

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[&4238]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las operaciones celebradas a título gratuito están sometidas al régimen, en la medida en que pueden corresponder a formas de compensación o sencillamente aprovecharse para transferir artificialmente las utilidades.— 

“Es claro que cuando dos o más empresas independientes llevan a cabo operaciones, las condiciones, tanto comerciales como financieras, que convienen con respecto al precio de los bienes o servicios y las condiciones contractuales, son resultado de las fuerzas del mercado (oferta y demanda). Sin embargo, cuando empresas vinculadas tienen transacciones entre sí, sus relaciones comerciales y financieras pueden no sujetarse directamente a los factores externos de mercado. En este contexto, la finalidad de un régimen impositivo de precios de transferencia es contrarrestar el manejo artificial de precios entre entidades vinculadas, efectuado por un grupo multinacional o por una o mas administraciones tributarias, con el fin de evitar lesiones a los fiscos que sufren las transferencias.
 
Lo anterior significa que en el caso concreto de nuestra legislación, el régimen de precios de transferencia adoptado con la Ley 788 de 2002 con la modificación introducida por la Ley 863 de 2003, busca establecer un control a la transferencia artificial de utilidades, en las operaciones celebradas entre los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia y sus vinculados económicos o partes relacionadas del exterior.
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo propia la preocupación por la protección de los fiscos nacionales, dando origen a las Guías o “Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias”; donde propuso los principios que hoy día regulan las transacciones entre vinculados económicos y que han sido acogidos por la mayoría de países en sus regímenes legales de precios de transferencia.
 
Esos regímenes acogen como regla general, el denominado “Principio Arm's Length”, que también se conoce como principio del operador independiente o de plena competencia.
 
El principio de independencia tiene por objeto evitar que, debido a las condiciones especiales que existen dentro de un grupo multinacional, se puedan establecer condiciones económicas especiales que difieran de aquellas que se hubiesen establecido de haber actuado los vinculados económicos como empresas independientes en el mercado libre. En consecuencia, este principio busca eliminar el efecto de dichas condiciones en los niveles de utilidad de las empresas.
 
Ahora bien, para el caso colombiano resulta pertinente la utilización de estas directrices como criterio de interpretación, no vinculante, como lo admitió la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-690 del 12 de agosto de 2003.
 
La OCDE dentro de los criterios para aplicar el principio de plena competencia, recomienda tener en cuenta “las compensaciones intencionadas”, las cuales involucran las operaciones celebradas a título gratuito, que ilustra en el numeral viii), literal C del Capítulo I “El principio de plena competencia” y en el literal C del Capítulo V “Documentación”, en los siguientes términos:
 
“1.60 Existe una compensación intencionada cuando una empresa asociada la integra ex profeso en las cláusulas de las operaciones vinculadas. Tiene lugar cuando una empresa asociada provee un beneficio a otra empresa asociada dentro del grupo que se corresponde en alguna medida con la recepción, a cambio de diferentes beneficios de dicha empresa. Estas empresas pueden pretender que los beneficios (ventajas) que cada una ha recibido deberían compensarse con los que cada una ha aportado como pago total o parcial de estos mismos, de tal forma que únicamente debe ser considerada en la liquidación de la deuda tributaria la ganancia o la pérdida neta (si la hay) derivada de la operación. Por ejemplo, una empresa puede autorizar el uso de una patente a otra empresa en contraprestación por la provisión de know-how en virtud de otra relación y afirmar que la operación no produce ganancias ni pérdidas a ninguna de las dos partes. En ocasiones se puede encontrar este tipo de acuerdos entre empresas independientes, dando lugar a evaluaciones de acuerdo con el principio de plena competencia con el objeto de cuantificar el valor de los respectivos beneficios cuya compensación se pretende.
 
1.61 Las compensaciones intencionadas pueden variar en importancia y complejidad. Pueden resultar desde la simple compensación de dos operaciones (por ejemplo, fijar un precio de venta favorable para bienes manufacturados a cambio de un precio de compra favorable para las materias primas utilizadas en la producción del bien) hasta un acuerdo general para equilibrar todos los beneficios que fluyen a las partes durante un periodo. Difícilmente las empresas independientes considerarían esta última fórmula de contratación, a menos que los beneficios se puedan cuantificar con precisión y el contrato se concluya con anterioridad, e otra forma, las empresas independientes preferirán normalmente que sus ingresos y sus gastos fluyan independientemente unos de otros, asumiendo cualquier pérdida o beneficio derivados de su comercio normal.
 
1.62 La existencia de compensaciones intencionadas no altera la condición esencial que es la conformidad con el principio de plena competencia, a efectos fiscales, de los precios de transferencia de las operaciones vinculadas. Seria útil que los contribuyentes pusieran de manifiesto la existencia de compensaciones elaboradas intencionadamente en dos o más operaciones entre empresas asociadas y probaran (o reconocieran que tienen la documentación pertinente y que han efectuado análisis suficientes como para demostrarlo) que, después de tener en cuenta las compensaciones, las condiciones que rigen las operaciones son compatibles con el principio de plena competencia a la hora de presentar las declaraciones tributarias.
 
1.63 Puede ser necesario evaluar las operaciones separadamente para determinar si satisfacen o no el principio de plena competencia...
 
5.20 Entre las circunstancias particulares a considerar se encontrarían los pormenores de las operaciones de compensación que puedan incidir en la determinación de los precios de plena competencia. En tal caso, es útil disponer de documentos que ayuden a describir los hechos relevantes, la conexión cualitativa entre las operaciones y la cuantificación de la compensación.
 
… Como se discutió en el Capítulo I, una operación de compensación puede tener lugar, por ejemplo, cuando el vendedor suministra bienes a un precio inferior porque el comprador le presta servicios gratuitamente, cuando se fija un canon superior para compensar una reducción intencionada en los precios de los bienes o cuando se concluye un acuerdo de cesión recíproca y gratuita del uso de propiedad industrial o de know-how sin dar lugar al pago de cánones.” (subrayado fuera de texto)
 
Nuestra legislación también se ocupa de la figura de la compensación en el Decreto Reglamentario 4349 de 2004, Capítulo III “Documentación Comprobatoria”, artículo 7º, literal B, numeral 3° literal d).       
 
En lo referente a los servicios intragrupo, el numeral. 7.6 del Capítulo VII de las directrices, explica:
 
 “7.6 En virtud del principio de plena competencia, para responder a la cuestión de si un miembro del grupo ha prestado o no un servicio, ejerciendo tal actividad en beneficio de uno o ­varios miembros del grupo, habría que determinar si la actividad supone un interés económico o comercial para un miembro del grupo que refuerza así su posición comercial. Puede responderse a esta cuestión preguntándose si, en circunstancias comparables, una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar a otra empresa independiente la ejecución de esta actividad o si la hubiera ejecutado ella misma internamente. Si la actividad no es de las que una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar por ella o hubiera ejecutado ella misma, no debería en general considerarse como un servicio intragrupo de conformidad con el principio de plena competencia.” (subrayado fuera de texto).
 
En este orden de ideas, atendiendo la finalidad del régimen impositivo de precios de transferencia, este Despacho concluye que las operaciones celebradas a título gratuito están sometidas al régimen, en la medida en que pueden corresponder a formas de compensación o sencillamente aprovecharse para transferir artificialmente las utilidades.” (DIAN. Conc. 66293, ago. 14/2006)

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