ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO QUINTO > TÍTULO VIII > Capítulo II.—Formas de extinguir la obligación tributaria > Reformado. L. 223/95, art. 139. Prelación de pagos.—
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ART.804. | Reformado. L. 223/95, art. 139. Prelación de pagos.— [&17165]

INC. 1°.— Reformado. L. 1066/2006, art. 6°. A partir del 1° de enero del 2006, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retención o usuarios aduaneros en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al período e impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligación total al momento del pago.

 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la administración lo reimputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo.

 

PAR. TRANS.— Agregado. L. 863/2003, art. 32. Los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes, agentes de retención y responsables hasta el 30 de abril de 2004 en relación con deudas vencidas con anterioridad al 1º de enero de 2003, se imputarán de la siguiente forma: primero a los anticipos, impuestos o retenciones junto con la actualización por inflación a que haya lugar, segundo a las sanciones y tercero a los intereses, siempre y cuando el pago cubra totalmente el valor de los anticipos, impuestos o retenciones del respectivo período.

 

Para la cancelación de las sanciones y de los intereses que queden pendientes, se otorgará una facilidad automática de pago sin necesidad de garantías, por el término de tres (3) años a partir del 1º de julio de 2004, pagaderos en seis cuotas semestrales iguales a más tardar el último día hábil de cada semestre calendario.

 

Para los deudores que se acojan a este orden de imputación transitorio de los pagos, los valores pendientes por concepto de intereses serán los causados hasta la fecha en que se realice el pago total del anticipo, impuesto, retenciones o actualización por inflación, y no se modificará por variaciones futuras de la tasa de interés moratorio.

 

Quienes tuvieren vigente un acuerdo de pago, podrán acogerse a lo dispuesto en este parágrafo transitorio, pagando el saldo de los impuestos, anticipos y retenciones pendientes en la forma aquí prevista y difiriendo el pago de las sanciones e intereses a los tres (3) años previstos en el mismo.

 

Las garantías y medidas preventivas que se hubieren tomado por estas obligaciones, los procesos coactivos y las denuncias penales formuladas, se levantarán, terminarán o retirarán, según el caso, inmediatamente se hayan pagado los impuestos, anticipos y retenciones. Lo anterior sin perjuicio de que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de dicha facilidad de pago, automáticamente la administración proceda al cobro coactivo del saldo total pendiente de cancelación.


:: CONCORDANCIAS

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NOTA:  

*: El inc. 1° del art. 804 del E.T. establecía el orden en que se debían imputar los pagos realizados por los contribuyentes, responsables o agentes de retención, así: primero a las sanciones, segundo, a los intereses y por último a los anticipos, impuestos o retenciones junto con la actualización por inflación cuando hubiere lugar a ello.


Prelación de pagos
[&17166]
CIR. 069/2006, DIAN. 

El artículo 6 de la Ley 1066 de 2006 modifica sustancialmente la aplicación de la prelación en la imputación de los pagos, buscando con ello garantizar una amortización equitativa de las obligaciones, en la medida en que cada uno de los pagos del contribuyente se imputarán tanto a capital como a sanciones e intereses, en la misma proporción en que cada uno de estos conceptos participa en el total de la obligación.

 

La nueva forma de imputación de pagos tiene carácter permanente y su vigencia se predica desde el 1º de enero de 2006, teniendo en cuenta no solo la literalidad de su texto, sino que por tratarse de una norma que contempla beneficios para los contribuyentes, su aplicación no afecta el principio de irretroactividad.

 

La imputación de pagos señalada, aplica igualmente para los pagos efectuados por compensación de saldos a favor, pagos en exceso y de lo no debido que se hayan generado a partir del 1º de enero de 2006.


[&17167]
OPINIÓN DE LA DIAN - Los pagos se imputarán de acuerdo a lo indicado por el obligado proporcionalmente.—  

“Bajo el anterior marco normativo, no advierte este Despacho el desconocimiento del mandato del artículo 803 del Estatuto cuando se sostuvo que el orden para cubrir los conceptos que se hayan determinado para una obligación que se va a compensar, debe ser el indicado en el artículo 804 ibídem, independientemente de que se hayan determinado con posterioridad a la fecha en que se entiende efectuado el pago, porque:

 

1.- En primer lugar, se está frente a una de las formas de extinguir de la obligación tributaria sustancial que consiste en la compensación con dineros del contribuyente que se encuentran en poder de la Administración en virtud de saldos a favor arrojados en sus declaraciones o por pagos que efectuó en exceso o de lo no debido.

 

2.- Lo anterior, supone la existencia de una obligación a cargo del contribuyente, la cual está contenida o bien en una liquidación privada - caso en que por ser susceptible de corrección por parte del mismo contribuyente, se tendrá por válida la última declaración presentada que sustituye las anteriores (artículo 588 E,T.)-, o bien en un acto oficial que determine o modifique la obligación, reemplazando en este último caso y para todos los efectos, la obligación que había sido declarada por el contribuyente. Es decir, no es posible la coexistencia de dos títulos en que válidamente se determine la misma obligación del contribuyente.

 

3.- Bajo esta perspectiva, cuando se habla del "pago" de la obligación, independientemente del mecanismo jurídico que se utilice para ello, solo puede ser respecto de la obligación que es exigible, haya sido modificada o no por las vías indicadas. En el caso de que se hubieren determinado mayores valores por impuesto o sanciones, estos deben ser incluidos en cada uno de los respectivos rubros de la obligación y así se procederá a su cancelación en el orden en que la ley determina que sean cubiertos, pues no existe justificación para alterarlos.

 

4.- La modificación de los valores iniciales de una obligación no altera el orden de imputación de los pagos (artículo 804 E.T.), como se sostuvo en el Concepto que se solicita revocar, aspecto independiente de las fechas legales de pago (artículo 803 E.T.). Por tanto, las dos normas deben aplicarse íntegramente en forma simultánea.

 

Se deben establecer entonces los factores que componen la deuda del contribuyente al momento de pagarla y la fecha en que por ley según el mecanismo empleado para el efecto, se entiende pagada.

 

En el caso de la compensación, verificar la incidencia de la fecha en que nace el crédito para el contribuyente es determinante, y así la doctrina de manera reiterada ha sostenido que si el monto a favor del contribuyente es anterior a la exigibilidad de una obligación no se generarán los intereses moratorios de que trata el artículo 634 del Estatuto Tributario; y en el mismo orden de cosas, si se trata de sanciones, tampoco se causaría su actualización por inflación. Pero el hecho de que el saldo a favor del contribuyente surja con anterioridad a la imposición de una sanción o determinación y declaración privada de la misma, de ninguna manera implica que se altere el orden de imputación, conforme al artículo 804 del Estatuto Tributario.

 

5) Es oportuno precisar que en la actualidad, según la modificación introducida al artículo 804 del Estatuto Tributario por el artículo 6o. de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, a partir del 1º de enero de 2006 el anterior criterio tiene plena vigencia, pues no puede ser sino una la obligación exigible objeto de compensación; además por mandato del artículo 861 del Estatuto, obliga a la compensación total y en forma previa a la devolución.

 

De manera que la imputación del pago se hace a todos los rubros, de manera proporcional a su participación dentro del total de la deuda.

 

En estas condiciones, de acuerdo con el marco legal vigente al momento de la expedición del Concepto 007126 de febrero 17 de 2003, no encuentra esta Oficina razón para revocar los criterios jurídicos que le llevaron a sostener la doctrina desarrollada en ese pronunciamiento, relativa a la independencia de la fecha en que se entiende efectuado el pago y la causación de los factores que integran la obligación a extinguir, compensación que siempre se debe hacer en el orden de imputación que señala el artículo 804 del Estatuto Tributario. (DIAN, Conc. 085769 octubre 23/2007. Promulgado Diario Oficial No. 46.812 noviembre 14 de 2007)


[&17168]
D.R. 425/2004. 

ART. 1º. Orden transitorio de imputación de pagos.— El orden de imputación de los pagos establecido en el parágrafo transitorio del artículo 804 del Estatuto Tributario, atenderá al período e impuesto que indique el contribuyente, responsable o agente de retención aplicando el pago primero a los anticipos, impuestos o retenciones; segundo a sanciones y por último a intereses.


[&17169]
D.R. 425/2004. 

ART. 2º. Procedencia del orden transitorio de imputación de pagos.— El orden transitorio de imputación de los pagos procede respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, retenciones y anticipos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido a 31 de diciembre de 2002, incluido el total del Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática, sin valor alguno por concepto de actualización, independientemente de que hayan sido objeto o no, de facilidad de pago.

 

No podrán ser objeto del orden transitorio de imputación de pago, las deudas de plazo vencido relacionadas exclusivamente con sanciones.


[&17170]
D.R. 425/2004. 

ART. 3º. Plazo y forma de pago.— Para efectos de la aplicación del orden transitorio de imputación de pagos, el valor total del impuesto, anticipo o retención deberá encontrarse cancelado a más tardar el 30 de abril de 2004, en dinero efectivo, tarjeta de crédito que administre la entidad financiera, cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que lo recibe y únicamente a la orden de la entidad financiera receptora, o mediante transferencia electrónica, bajo la responsabilidad de la entidad autorizada para recaudar.

 


[&17171]
D.R. 425/2004. 

ART. 4º. Cancelación o reducción de garantías y medidas preventivas como consecuencia del pago de obligaciones con la modificación transitoria del orden de la prelación en la imputación del pago. Las garantías y medidas preventivas originadas en obligaciones respecto de las cuales el contribuyente, agente de retención y responsable, haga uso del orden transitorio de imputación de pago, se cancelarán o levantarán oficiosamente, en proporción a las deudas que no fueron objeto de lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 804 del Estatuto Tributario y siempre y cuando la naturaleza del bien lo permita.

 

PAR.— La orden de cancelación y entrega de las garantías, de desembargo o reducción de embargos y levantamiento de las demás medidas cautelares, podrá emitirse en la resolución en que se conceda la facilidad de pago dispuesta en el inciso segundo del parágrafo transitorio del artículo 804 del Estatuto Tributario o en acto administrativo independiente.


[&17172]
D.R. 425/2004. 

ART. 5º. Información en procesos penales.— Cuando existan denuncias penales formuladas por obligaciones frente a las cuales se haya hecho uso del orden transitorio de imputación de pago, inmediatamente se hayan pagado los impuestos, anticipos, retenciones a que haya lugar, el funcionario a cargo de la actuación dará aviso al fiscal o juez penal correspondiente para que proceda de conformidad con lo previsto en el inciso final del parágrafo transitorio del artículo 804 del Estatuto Tributario.

 

Este aviso igualmente podrá ser comunicado por el interesado, acreditando los pagos respectivos.


[&17173]
D.R. 425/2004. 

ART. 6°. Facilidad para el pago de las sanciones e intereses.— Para tramitar la facilidad de pago de las sanciones e intereses de que trata el parágrafo transitorio del artículo 804 del Estatuto Tributario, el contribuyente deberá acreditar ante la Administración respectiva el pago de los impuestos, retenciones o anticipos, suministrando fotocopia de los recibos de pago o declaraciones con pago en que se efectuó la cancelación.

 

La facilidad para el pago se otorgará mediante resolución, en la cual además de conceder el plazo, se establecerá el valor de los intereses y sanciones pendientes de pago objeto de la facilidad. La liquidación así establecida presta mérito ejecutivo en los términos del numeral 3º del artículo 828 del Estatuto Tributario. (&17779)


[&17174]
D.R. 425/2004. 

ART. 7º. Incumplimiento de la facilidad de pago. Ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de la facilidad otorgada por efecto de la imputación transitoria del pago, para la cancelación de las sanciones e intereses insolutos, la administración competente deberá proceder de inmediato a decretar mediante resolución el incumplimiento, dejando sin efecto la facilidad, iniciando el cobro coactivo del saldo total pendiente de cancelación, librando el correspondiente mandamiento de pago y disponiendo las medidas cautelares que estime conducentes.

 

PAR.— Por estas obligaciones no podrá otorgarse nueva facilidad de pago.


[&17175]
JURISPRUDENCIA - Procede la finalización de la facilidad de pago para una compañía en reestructuración que incumple en el pago de cualquiera de las cuotas estipuladas.— 

“(…) De la lectura de los anteriores artículos se infiere que la Administración de Impuestos cuenta con la facultad legal inmediata de dejar sin efecto las facilidades de pago otorgadas a los contribuyentes, agentes de retención y responsables, ante el eventual incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas allí estipuladas. Debe, además, como consecuencia del incumplimiento, adelantar el cobro coactivo del saldo total pendiente de pago.

 
(…).
 
Es decir que no cabe duda de que al haber efectuado el pago por fuera del término a que se acogió la demandante con la facilidad de pago, se configura ipso facto la causal de incumplimiento de dicho beneficio, en los términos del artículo 804 del E.T. y de los artículos 6 y 7 del Decreto 425 del 2004.
 
Configurada entonces la causal, la demandada, en virtud de autorización legal, bien hizo en dar por finalizada la facilidad de pago otorgada a la demandante y adelantar el consecuente proceso administrativo de cobro coactivo.
 
No obstante, a pesar de que la demandante reconoce que la actuación de la DIAN se ajusta a derecho, piensa que en su caso no deben aplicarse estrictamente las consecuencias que establece la ley ante su incumplimiento, sino que ha debido tenerse en cuenta la prevalencia del principio de justicia material, el que, a su juicio desconoció el tribunal en su fallo.
 
El principio de justicia material se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona destinataria de la norma, pero bajo el entendido de que la decisión debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales.
 
En virtud de lo anterior, es deber del juez, en aplicación del principio de justicia material, determinar en cada caso concreto si es viable la inaplicación de la ley por resultar contraria al orden justo de las cosas. El principio de justicia material no puede llegar a “confundirse […] con la posibilidad de que cada uno reclame la concreción de ese propósito desde su particular perspectiva y según su concepción de lo justo”.
 
Dicho de otro modo, no le corresponde a cada persona, invocando el principio de justicia material, ir interpretando las normas jurídicas y el alcance de las obligaciones que ha contraído en los contratos y similares para deducir a su acomodo cuando debe cumplirse o cuando no con el mandato de la ley o con la prestación debida.
 
En el caso que nos ocupa, la Sala no evidencia que con las decisiones de la Administración se haya atentando contra el principio de justicia material como lo afirma equivocadamente la demandante. La sola circunstancia de que la parte actora haya estado en un proceso de reestructuración económica, no le permitía desatender las obligaciones que había contraído para con la DIAN y menos alegando el principio de justicia material.
 
De hecho, en la ley de reestructuración económica y en la reglamentación de las facilidades de pago está inmerso el principio de justicia material a efecto de favorecer la permanencia de una empresa y el libre ejercicio de la iniciativa privada y la libertad de industria y comercio. Quien se acoge a una facilidad de pago, por razones de buena fe, que es un principio tan valioso como el de justicia material, debe cumplir con las obligaciones derivadas de esa figura y estarse a las consecuencias del incumplimiento.
 

Sería inequitativo frente a otros contribuyentes que se encontraban en la misma situación, admitirle a una empresa la excusa del “olvido” o de “difícil situación financiera” para justificar el incumplimiento de las obligaciones y exonerarla de las respectivas consecuencias. (…)” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia de octubre 08/2009, Exp. 16314) (&17165, 17173 y 17174)

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