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ART.826. | Mandamiento de pago.— [&17757]

El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

 

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.

 

PAR.— El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor. (& 17353)


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[&17758]
OPINIÓN DE LA DIAN - Requisitos para notificarse el mandamiento de pago a los herederos.—  

“No puede notificarse mandamiento de pago a los herederos si éstos no conocen tal calidad, ni la cuota parte de bienes que les correspondió en la sucesión, dado que su vinculación como deudores solidarios con el causante y la sucesión ilíquida, exige la tasación en forma individual del monto del crédito a cargo del respectivo deudor atendiendo la cuantía percibida en la liquidación de la sucesión y sin perjuicio del beneficio de inventario ....

 

Es así como prescribe el literal a) del artículo 793 del Estatuto Tributario, que responden con el contribuyente por el pago del tributo: “Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario”.

La norma citada si bien se enuncia como responsabilidad solidaria, tal responsabilidad se encuentra limitada, por cuanto se restringe en razón a las siguientes circunstancias:

 

a) Debe efectuarse la división de la deuda, estableciendo para cada uno de los deudores, la proporcionalidad en razón de lo percibido de las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, y

 

b) Efectuado el prorrateo, para cada heredero o legatario, deberá atenderse el beneficio de inventario, el cual limita el pago de las acreencias del causante hasta concurrencia del valor total de los bienes heredados en el evento de que éste se hubiere realizado.

 

En consecuencia, se requiere conocer de una parte, el monto percibido en la partición y liquidación de la sucesión por cada uno de los herederos y legatarios a fin de establecer la división de la deuda y consecuentemente su prorrateo para cada uno de ellos y, de otra parte, determinar si se ejerció el beneficio de inventario”. (DIAN, Conc. 47349, ago. 3/94)


[&17759]
OPINIÓN DE LA DIAN - Es válido dictar un mandamiento de pago con base en una declaración sobre la cual se solicitó corrección negada mediante resolución por la Administración de Impuestos y demandada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.—  

"(...) El cobro se realiza con base en uno de los títulos ejecutivos previstos en el artículo 828 del Estatuto Tributario dentro de los cuales se encuentran las liquidaciones privadas contenidas en las declaraciones tributarias que presenten los contribuyentes y en las cuales consta de manera clara, expresa y exigible una obligación a cargo del contribuyente de pagar una suma a favor del fisco.

 

Así las cosas en el evento que un contribuyente de conformidad con el artículo 589 del Estatuto Tributario  presente un proyecto de corrección con el fin de disminuir el impuesto a pagar o aumentar el saldo a favor determinado en una declaración tributaria, y la administración mediante una resolución niegue la corrección, confirmando la decisión en el fallo del recurso de re-consideración, la declaración que se pretendió corregir sigue vigente, característica que conserva hasta que la Jurisdicción Contenciosa si el contribuyente acudió a ella, se pronuncie acerca de si la corrección era o no procedente.

 

En consecuencia como el cobro está referido a una liquidación privada que es exigible, (ya que lo que se encuentra en discusión es la resolución que negó la corrección y no la liquidación privada), es válido que la administración profiera un mandamiento ejecutivo, si el contribuyente no ha cancelado los valores a su cargo.

 

Lo anterior no impide que el contribuyente alegue como excepción contra el mandamiento de pago, la interposición de una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, circunstancia en la cual el proceso administrativo de cobro seguirá su curso, pero el auto de suspensión de la diligencia de remate se dictará hasta que exista pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los términos de los artículos 818 y 835 del Estatuto Tributario, con el fin de suspender el término de prescripción de la acción de cobro.

 

Resta agregar que como el artículo 829 del Estatuto Tributario,  se refiere a la ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento para el cobro coactivo, no puede afirmarse que el concepto cuestionado haya vulnerado dicha norma, ya que como se explicó, en el caso analizado, el cobro que se realiza tuvo su origen en una liquidación privada y no en un acto administrativo”. (DIAN, Conc. 037784, jun. 25/02. Promulgado Diario Oficial No 44.850 del 29 de junio de 2002) 


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