ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO PRIMERO > TÍTULO I > Cobro coactivo > Excepciones.—
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ART.831. | Excepciones.— [&17851]

Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

 

1. El pago efectivo.

 

2. La existencia de acuerdo de pago.

 

3. La de falta de ejecutoria del título.

 

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

 

6. La prescripción de la acción de cobro, y

 

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

 

PAR.— Agregado. L. 6ª/92, art. 84. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

 

1. La calidad de deudor solidario.

 

2. La indebida tasación del monto de la deuda.


:: CONCORDANCIAS

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[&17852]
JURISPRUDENCIA - Cuándo es posible presentar excepciones diferentes a las consagradas en el proceso coactivo.—  

"Para la Sala, es claro que no siempre el agotamiento gubernativo, por acto expreso o presunto, es condición indispensable de acceso al procedimiento ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pues, en el último inciso del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo se dispone, que cualquier demanda es asequible directamente, “si las autoridades administrativas no hubieren dado oportunidad de interponer los recursos procedentes”.

 

Como entre los planteamientos de la demanda figuraban, precisamente, los de que la administración no hubiera notificado, correctamente, ni el mandamiento de pago ni la liquidación oficial en que se había hecho consistir el título ejecutivo ni, de suyo, dado oportunidad para interponer las excepciones y recursos existentes, no era rigurosamente exigible el agotamiento que alega la parte impugnadora y que la motivó, a proponer la excepción de inepta demanda por el infundado hecho exceptivo que se comenta.

 

Por consiguiente, es desacertado sostener que, en el caso, las resoluciones desestimatorias de las excepciones propuestas contra el mandamiento ejecutivo, no constituyeran, “instancias del proceso de reclamación previa o vía gubernativa”; o que los funcionarios impositivos, válidos de semejante tesis, dispusieran de atribuciones para arrogarse la facultad de denegar, “el mecanismo exceptivo con el cual se truncó todo pleito con la administración y, por ende, se abortó la gestión ante la vía jurisdiccional, dado que no hubo vía gubernativa”; o que el proceso administrativo coactivo no fuera idóneo para discutir elementos del título ejecutivo.

 

Cuando los incisos 1º del artículo 829-1 del estatuto tributario y último del artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, dicen que el proceso administrativo de cobro de deudas fiscales, no admite ningún debate sobre, “cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa”, o de “recursos por la vía gubernativa”, obviamente suponen la existencia y surtimiento de tales vías y recursos, o también su inexistencia, pero por causa exclusivamente atribuible al contribuyente, y no a los funcionarios.

 

Esto significa, que si no hubo vía gubernativa ni, de suyo, recursos, o inversamente, porque el interesado no interpuso éstos, o no los presentó en forma, o renunció a ellos, o los desistió, necesariamente el correspondiente acto, conforme a las previsiones 2ª y 3ª del artículo 829 del estatuto tributario, adquiere ejecutoriedad y carácter de título ejecutivo y rechaza cualquier discusión referente al mismo, que debiera promoverse como recurso gubernativo.

 

Pero si no se dieron dicha vía y recursos, porque ciertas informalidades de la actuación impidieron que los mismos se surtieran, resulta claro que para el interesado son perfectamente viables la efectividad de su derecho de defensa y la vindicación del debido proceso, dentro del procedimiento que, como en el caso, se adelante para el cobro coactivo del crédito fiscal o, en general, en el curso de cualquier otro proceso en su contra y que se base en actos no producidos con arreglo a la ley.

 

Ahora bien, la Sala encuentra manifiesta la falta de notificación, tanto de la liquidación de revisión que sirvió de título ejecutivo, como del mandamiento de pago soportado en ésta, toda vez que los mismos figuran remitidos por correo a una dirección que había dejado de regir desde la presentación, el 24 de julio de 1992, de la declaración de renta por 1991, hasta el 20 de junio de 1995, cuando menos, fecha de presentación de la declaración de renta por 1994, no siendo exacto, de otro lado, que al accionante incumbiera la prueba de no haber recibido dichos actos, pues al mismo le bastaba acreditar que éstos se habían remitido a dirección distinta de la que, de conformidad con el artículo 563 del estatuto tributario, era su dirección hábil para efectos tributarios”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Consuelo Sarria Olcos, sentencia de abril 18/97. Exp. 8171)

Exp. 8171


[&17853]
JURISPRUDENCIA - No procede la excepción de inconstitucionalidad contra el mandamiento de pago.— 

“(…) La excepción de inconstitucionalidad tiene su origen en el artículo 4° de la Constitución Política cuando ordena: “La Constitución es norma de normas — En todo caso de inconstitucionalidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Esta norma, constitucional además, es concordante con lo dispuesto por los artículos de la Ley 153 de 188712 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

 

Cuando se invoca la enunciada excepción, los argumentos deben estar encaminados a evidenciar que una ley que ha sido utilizada en el proceso que se discute es contraria a la Constitución Política, para lograr que se inaplique en el fallo que se profiera, sin afectar su vigencia general, es decir, con efectos únicamente inter-partes.

 

Es una excepción independiente que no tiene que ver, con las que el contribuyente puede intentar concretamente contra el mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo, las cuales deben circunscribirse a las estipuladas por el artículo 831 E.T.

 

Así, estas últimas se encaminan directamente a la revocación del acto administrativo en tanto, la de inconstitucionalidad, solo puede pretender la inaplicación al caso puntual que se estudia, de una ley o cualquier otra norma dada su abierta oposición a un mandato constitucional.

 

Por lo anterior, mal podía, como lo pretende el actor, concederse la aludida excepción de inconstitucionalidad, cuando lo que se intenta, no es inaplicar una norma no acorde con la superior y utilizada en los actos demandados; sino, discutir el fondo de un acto administrativo que, aparte de no tener una norma determinada tachada de inconstitucional, ni siquiera fue proferida dentro del proceso a la que pertenecen las providencias que se demandan.

 

Como lo sostiene la jurisprudencia de la Sala el proceso de cobro coactivo no permite un cuestionamiento diferente pues no tiene por finalidad declarar o constituir obligaciones o derechos, sino hacer efectivas, mediante su ejecución, las obligaciones, claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes. Entonces, la ejecución presupone un acto previo, denominado título ejecutivo, idóneo para el adelantamiento del proceso de cobro, que se inicia con la notificación del mandamiento de pago.

 

En estos términos, el ámbito de la controversia dentro del proceso de cobro coactivo se circunscribe exclusivamente a las excepciones que podrían proponerse contra la orden de pago, enumerados en forma clara y taxativa en el artículo 831 del Estatuto Tributario, puesto que, en este proceso de cobro, no pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en el proceso de determinación del tributo.

 

(…).

 

El deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le imponen la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional, sin haber demandado dentro de la oportunidad tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, dentro del proceso administrativo de cobro puede, el deudor proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 del Estatuto Tributario cuando se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirvió de título ejecutivo y, es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la que debe decidir si los actos administrativos deben o no continuar haciendo parte del proceso de cobro. (…)”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia de octubre 26/2009, Exp. 16718) (&17851)

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[&17854]
OPINIÓN DE LA DIAN - Procede la revocatoria de la Resolución de Compensación por desaparición del mandamiento de pago que contiene la obligación a la que se compensa, al prosperar las excepciones contra el mismo, consagradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.—  

"(...) El artículo 823 del Estatuto Tributario ordena seguir y aplicar el procedimiento administrativo coactivo para el cobro de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cual se inicia con el mandamiento de pago que deberá proferir el funcionario competente para exigir el pago.

 

En contra de la citada actuación procederán las precisas excepciones consignadas en el artículo 831 ibidem.

 

De manera independiente, el mismo Estatuto en los artículos 815, 816, 850 y 861, establece como forma de extinción de la obligación tributaria, la compensación de las deudas de plazo vencido con los saldos a favor que se liquiden los contribuyentes o responsables en sus declaraciones tributarias o con los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, bien sea por solicitud que en tal sentido ellos formulen u oficiosamente por la Administración, previa a la devolución.

 

Indica lo anterior, que los dos procedimientos, el de cobro y  el de compensación, subsisten independientemente, pues la Ley no exige la presencia de alguno de ellos para que el otro sea procedente. Sin embargo, en determinados casos  los resultados de uno pueden incidir en el del otro, determinando así su resultado. Es el caso planteado para estudio, en el que en el desarrollo del proceso de cobro coactivo, prospera alguna de las excepciones que afectan la exigibilidad de la  obligación a la que se compensaron o aplicaron los saldos sobrantes del contribuyente o responsable. Por ello, es necesario analizar cada una de las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, así:

 

1. Si se trata del pago efectivo, obvio resulta concluir que la compensación no procedería, por cuanto se estaría efectuando una doble cancelación de la deuda. En el evento que se hubiese efectuado una compensación, deberá ser revocada.

 

2. La existencia de acuerdo de pago no exime a la Administración de la obligación de aplicar el mandato del artículo 861 del Estatuto Tributario, puesto que por disposición legal, que no contempla excepciones, no es posible efectuar devoluciones de saldos cuando existan deudas de plazo vencido a cargo del contribuyente o responsable. Debe entenderse entonces que la facilidad del pago de la obligación no elimina la condición de que las deudas que ésta contempla sean de plazo vencido y por ello procede el que sean compensadas antes de la devolución.

 

3. En los casos de falta de título ejecutivo, o de su legitimidad por incompetencia del funcionario que lo profirió, de falta o pérdida de ejecutoria del título que contiene la obligación a la que se efectúa la compensación, por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente, de admisión de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, se presenta imposibilidad de efectuar  o proseguir un cobro ejecutivo por la Administración, toda vez que, como dispone la norma que da la facultad de cobro, es presupuesto indispensable de su procedibilidad, el que la obligación sea de plazo vencido, es decir, clara, expresa y exigible. En consecuencia, no se podrán efectuar oficiosamente compensaciones a una obligación que ha sido eliminada o está en discusión; y si ello sucedió, la compensación oficiosa deberá ser revocada.

 

4. En cuanto a la prescripción de la acción de cobro, habrá de tenerse en cuenta si la compensación se efectuó a solicitud de parte o de manera oficiosa. Si se hiz o a solicitud de parte, se atenderá lo dispuesto por el artículo 819 del Estatuto Tributario, a saber, que lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere hecho sin conocimiento de la prescripción, ya que el pago de la obligación prescrita no se puede compensar ni devolver. Pero si el pago por compensación se produjo de manera oficiosa dentro de un proceso de devolución, deberá revertirse por los mecanismos legales, toda vez que la Administración había perdido la facultad de cobro coactivo.

 

5. Cuando la excepción que prospera es la de la calidad de deudor solidario, en el evento de no ser deudor quien fuera objeto de la compensación, ésta no tendrá viabilidad jurídica y debe ser revocada, toda vez que por no estar legalmente permitido, no puede haber compensación hacia deudas de terceros.

 

6. Igual tratamiento de revocación directa deberá surtirse cuando prospera la indebida tasación del monto de la deuda compensada alegada por el deudor solidario, por cuanto este hecho afecta directamente la exigencia de que la deuda objeto de cobro coactivo sea clara y expresa.

 

De lo anterior se puede concluir que solamente cuando prosperan los eventos exceptivos que afectan directamente las condiciones de que las obligaciones materia de cobro coactivo sean claras, expresas y exigibles, salvo los casos de la compensación rogada de la obligación prescrita, la Administración deberá abstenerse de efectuar compensaciones oficiosas a las deudas afectadas por esos fenómenos; y en el eventual caso que se hubieren proferido los citados actos, en firme la decisión que los decreta, deberá proceder a su Revocatoria directa”. (DIAN, Conc.  053700, ago. 22/2002. Promulgado Diario Oficial No 44.916 del 29 de agosto de 2002 )


[&17855]
OPINIÓN DE LA DIAN - La iniciación del proceso administrativo de cobro coactivo no se suspende por la solicitud de compensación.—  

"(...) Ahora bien, la misma codificación en el artículo 831, determina de manera taxativa las excepciones que proceden en contra del mandamiento de pago. No hacen parte de ellas ni la existencia de un saldo a favor del contribuyente, ni la solicitud de compensación del mismo, que como tal, aunque tiende a que por este mecanismo se extinga la obligación adeudada, es una mera expectativa que hace parte de un procedimiento de naturaleza totalmente distinta e independiente a la del de cobro, aunque puede tener origen a instancias de éste.

 

Evidentemente, el procedimiento de la Compensación, es de iniciativa del particular, porque deriva de la solicitud directa que de ella haga el deudor, o de la actuación oficiosa obligatoria cuando existan deudas dentro de un proceso de Devolución, que también solo podrá ser promovido por el contribuyente, por ser una de las formas que él puede elegir para utilizar sus saldos a favor. El término de caducidad del derecho a solicitarla, que rige para quien lo ostenta, es de dos años dependiendo las circunstancias en que se declaró el saldo a favor y su resultado, es controvertible con libre argumentación tanto en la vía gubernativa como en la contenciosa.

 

Por otra parte, el proceso de cobro es de impulso oficioso del Estado, que debe ejercerla dentro del término señalado para su prescripción (cinco años desde los eventos que la Ley indica), cuya terminación no se justifica sino cuando se compruebe la existencia de alguna de las formas de extinción de la obligación tributaria dispuestas en el Capítulo II del Título VII del Estatuto Tributario. O sea, su iniciación obedece a la existencia de la deuda y su terminación a la extinción de la misma. No puede ser controvertido, sino por las razones expresadas como excepción por la Ley.

 

El artículo 815 ejudem, contempla la Compensación como una de las formas de extinguir las obligaciones tributarias. Su procedimiento corresponde al mismo indicado para las Devoluciones desde el artículo 850 ibídem, desarrollado por el Decreto 1000 de 1997 y demás normas que le complementan o modifican; procedimiento que se inicia con una solicitud que por tener que atender los requisitos de Ley, puede ser objeto de admisión, inadmisión o rechazo, al igual que el resultado de lo solicitado puede ser favorable o no, convirtiéndola por tanto en una mera expectativa como se advirtió, hasta tanto se perfeccione.

 

Ahora bien, dentro del proceso de la devolución y/o compensación, legalmente se habilita a la Administración para que cuando en las solicitudes no garantizadas se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 857 -1 del Estatuto Tributario, suspenda hasta por 90 días el término que tiene para decidir, con el fin de hacer las verificaciones del caso, que le proporcionen la certeza sobre la procedencia de la devolución o compensación, término al cabo del cual, si no se profiere requerimiento especial, se debe decretar la compensación o devolución.

 

Así las cosas, solamente cuando exista un pronunciamiento definitivo y en firme sobre la compensación, se podrá predicar su existencia y con ello jurídicamente la extinción de la obligación por ese modo de extinción que impediría su persecución vía coactiva. Lo que hace plenamente válida la coexistencia de los dos procesos mientras no se defina uno de ellos”. (DIAN, Conc. 00270, ene. 3/2003).


[&17856]
OPINIÍON DE LA DIAN - No es posible excepcionar válidamente el mandamiento de pago con la simple interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que además, esta debe ser admitida por al administración de justicia generándose la relación jurídico-procesal.—  

"(...) El numeral 5° del artículo 831 del Estatuto Tributario, dentro de las excepciones contra el mandamiento de pago consagra la de interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

Ahora bien, los actos administrativos se entienden ejecutoriados acorde con lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario, cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, o cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

 

De esta manera, si una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto que determine impuestos por parte de la administración tributaria, no es admitida, no es posible excepcionar válidamente el mandamiento de pago por cuanto no se ha hecho efectiva la intervención de la jurisdicción, o lo que es lo mismo, no se ha trabado la relación jurídico procesal.

 

La Corte Constitucional en Sentencia C- 833 de octubre 8 de 2002, M.P. Dr Alfredo Beltrán Sierra, señaló:

 

El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia.

 

El impulso de la actuación procesal está diseñada en relación con el tiempo, que es factor esencial para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del logro del objetivo del proceso.

 

En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado (Sent. T-416/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell).

 

De aceptarse entonces que la inclusión de ciertos requisitos de forma, desconocen la garantía del debido proceso, sería como aceptar la existencia de procesos sin ley, pues cada trámite procesal debe estar previamente definido en la ley y esto es precisamente para proteger tanto a las personas que acuden a instancias judiciales, como al Estado para que en su actividad no exista un desgaste innecesario que involucre procedimientos inocuos.

 

En el pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado a que alude en su petición (Expediente 6617 de 2001. C.P. Dr Manuel Santiago Urueta) establece que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción, en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir que no se declare la nulidad del acto.

 

Es claro entonces, que para conocer de las pretensiones de la demanda necesariamente se requiere poner en funcionamiento el aparato judicial, circunstancia que ocurre una vez es admitida como garantía del debido proceso, sujeto al trámite definido en la ley.

 

En sintesis, para efectos de probar la interposición de demandas de restablecimiento del derecho para efectos de la excepción del numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario, se requiere la admisión de la demanda, de lo contrario la Administración Tributaria puede ser sorprendida con la interposición de demandas en las cuales ya no puede intervenir en defensa de sus intereses, por haber caducado la acción. (DIAN, Conc. 026628, abril 9/2007. Promulgado Diario Oficial No. 46.604 del 19 de abril de 2007).


[&17857]
OPINIÓN DE LA DIAN - La excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos prospera cuando el deudor demuestre la admisión de la demanda contra el titulo ejecutivo y la misma se encuentre pendiente de fallo.—  

"(...) Con la sola interposición de una demanda no se garantiza que vaya a existir pro­nunciamiento de fondo sobre lo cobrado, puesto que existe la eventualidad de que la demanda sea extemporánea o no ajustada a las formas procesales y que ello acarree su inadmisión o rechazo; y por tanto, la jurisdicción contenciosa nunca va a conocer ni a decidir el asunto. 

 

El mismo sentido se evidencia en lo dispuesto por el artículo 837 ib., norma que autoriza la adopción de medidas cautelares previas al mandamiento de pago, donde se precisa una vez más que para el ordenamiento tributario el hecho que en el contexto indicado impide mantener las medidas cautelares, es la existencia de una demanda admitida en contra del título base de ejecución; pues frente a esta circunstancia que es análoga a la situación que se contempla como excepción en el numeral 5 del artículo 831, la consecuencia es la terminación de lo actuado; es decir, si prospera la excepción, se termina el proceso, y cuando aún no existe proceso de cobro pero se han adoptado medidas cautelares previas, la comprobación del hecho de la admisión de la demanda hace que concluya con la actuación preliminar y se levanten las mismas.

 

Como se observa, no sería razonable que fuera más rigurosa la exigencia para terminar una actuación preliminar como lo son las medidas cautelares previas, que para la culmina­ción de una litis ya entrabada y sujeta a las etapas procesales que llevan a hacer efectivo el cobro forzado.

 

Bajo el mismo marco la ley en el artículo 835 ib., establece la necesidad de que exista una demanda no sólo interpuesta sino admitida, cuando se consagra la posibilidad de suspensión de la diligencia de remate y obviamente de la ejecución; exige para el efecto la admisión de la demanda en contra del fallo de excepciones, lo que indica que si este hecho no se comprueba, debe seguirse con el proceso efectuando el remate de los bienes. (…)

 

Si no existe la más mínima posibilidad de que se produzca el pronunciamiento judicial porque procesalmente no es apta u oportuna la demanda instaurada, es evidente que aunque materialmente haya interposición de demanda, no se cumple con el objetivo sustancial que se buscaba con el hecho exceptivo y por ello, la norma debe situarse e interpretarse dentro del contexto que le definen el sentido de las demás disposiciones del ordenamiento tributario concordantes en la materia y que ya se han expuesto.

 

Así las cosas, la interpretación se ajusta a las exigencias de los principios de eficiencia y eficacia de la función pública, toda vez que de admitirse como excepción el solo hecho material de interposición de una demanda que a la postre no es admitida por carecer de las exigencias legales, llegaría a propiciarse la utilización de este procedimiento como meca­nismo para lograr retardar o burlar la ejecutoriedad de los actos de la Administración.

 

Basten las anteriores consideraciones para confirmar nuevamente la doctrina expuesta en los Oficios 012337 de 10 de febrero de 2006 y 026628 de abril 9 de 2007. (DIAN, Conc. 022634, marzo 04/2008. Promulgado Diario Oficial No. 46.964 del 18 de abril de 2008)


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