ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO CUARTO > TÍTULO II > Actuaciones gravadas y sus tarifas > Base gravable en el impuesto de timbre nacional.—
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TÍTULO II
Actuaciones gravadas y sus tarifas
 

ART.519. | Base gravable en el impuesto de timbre nacional.— [&11203]

INC. 1º.— Reformado. L. 1111/2006, art. 72. El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario - UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario - UVT.

 
Para los contratos celebrados por constructores para programas de vivienda, el aumento de tarifa dispuesto en este artículo sólo será aplicable a partir del primero (1º) de julio de 1998.
 
 
Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre, siempre y cuando no se trate de la enajenación de bienes inmuebles o naves, o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. En el caso de constitución de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre los respectivos documentos de deber.
 
 
También se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga en documento separado.
 
 
INC. 4º.— Reformado. L. 383/97, art. 36. Cuando tales documentos sean de cuantía indeterminada, el impuesto se causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento, durante el tiempo que dure vigente.
 
 
Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley.
 
 
PAR.— El impuesto de timbre generado por los documentos y actuaciones previstas en este libro, será igual al valor de las retenciones en la fuente debidamente practicadas. En el evento de los documentos de cuantía indeterminada, cuando fuere procedente, además de la retención inicial de la suma señalada en el último inciso de este artículo, el impuesto de timbre comprenderá las retenciones que se efectúen una vez se vaya determinando o se determine su cuantía, si es del caso.
 

 

PAR. 2º.— Agregado. L. 1111/2006, art. 72. La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera:

 

- Al uno por ciento (1%) en el año 2008

 

- Al medio por ciento (0.5%) en el año 2009

 

- Al cero por ciento (0%) a partir del año 2010. (&18728)


:: CONCORDANCIAS

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COMENTARIO.—  

1. La Ley 1111/2006 ordena dos cambios en el impuesto de timbre. El primero, se genera impuesto de timbre sobre documentos cuya cuantía sea superior a $ 125.844.000, cifra vigente para el 2007, y que se reajustará con el valor de la UVT de cada año. El segundo cambio, consiste en disminuir la tarifa del 1.5% a 1% para el 2008, 0.5% para el 2009 y 0% para el 2010 y siguientes.

 
2. El Impuesto de Timbre seguirá vigente con excepción a las modificaciones descritas en el numeral anterior.



[&11204]
JURISPRUDENCIA - La reducción del impuesto de timbre favorece indistintamente a los contratos de cuantía indeterminada suscritos, aceptados u otorgados antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 1111/2006— 

“Aunque podría pensarse que en virtud del principio de irretroactividad de la Ley tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política, la reducción sólo cobija a los contratos otorgados o aceptados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1111, lo cierto es que las reducciones de tarifas son una especie de beneficio fiscal que favorece a los sujetos pasivos del impuesto, y, según lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1998 refiriéndose a impuestos de periodo y cuya doctrina es, a su vez, norma para interpretar las Leyes, si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución, porque la prohibición que esta norma contiene se dirige a impedir el aumento de las cargas al contribuyente, con regulaciones para períodos vencidos o en curso.
 
En otros términos, las normas con esas características pueden tener efectos retroactivos, y aplicarse a partir de su promulgación, a menos que el legislador expresamente lo haya prohibido, sin que por ello quebrante el artículo 338 de la Constitución, toda vez que las derogaciones tributarias que benefician al contribuyente se cobijan por la inmediatez. 
 
Pero más allá de ello, una interpretación coherente y razonable con el espíritu de la reforma introducida por el artículo 72 de la Ley 1111 del 2006, es aceptar que en los contratos de cuantía indeterminada suscritos, modificados, prorrogados, otorgados o aceptados antes de entrar a regir dicha Ley, podían aplicarse las nuevas tarifas establecidas en el parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto Tributario para los años 2008, 2009, 2010, respecto de los pagos o abonos en cuenta realizados en esos años. 
 
En efecto, la expedición de Ley 1111 del 2006, correspondiente al Proyecto 039 de 2006 - Cámara y 043 del 2006 – Senado, consideró el impacto fiscal y la conveniencia de todas sus disposiciones.
 
Particularmente, la adición del parágrafo 2º al artículo 519 del Estatuto Tributario atendió la propuesta de “aumentar la base sujeta al impuesto de timbre de $61 millones a $120 millones, disminuyendo igualmente la tarifa de manera gradual hasta su eliminación definitiva en el año 2010”.
 
De esta forma se acogió la intención del Gobierno plasmada en el proyecto de ley radicado en la Cámara (Numeral 1º, literal c), aparte II), de “eliminar los impuestos de timbre, patrimonio y remesas”, en virtud del principio de simplicidad tendiente a lograr la sencillez de las normas tributarias para lograr su comprensión, y a eliminar trámites con la reducción de las normas que los disponen. En concordancia con el fin de simplificación, insistió en la eliminación de “impuestos como el de timbre, que por su estructura resulta un gravamen obsoleto, que dificulta y encarece las transacciones comerciales y adicionalmente procura el fraccionamiento de las mismas, fomentando prácticas elusivas o evasivas con incidencia en otros gravámenes”
 
A su vez, la propuesta para primer debate del mismo proyecto de ley, retomando un estudio de la Cámara de Comercio Colombo Americana preparado por Fedesarrollo el 31 de agosto del 2005, destacó que impuestos como el de timbre, registro y remesas recaudan muy poco y sólo aumentan la complejidad y burocracia de un sistema que urgía simplificarse para el beneficio de todos y la reducción del costo de las transacciones.   
 

Por tanto, frente a la intención legislativa que motivó la reducción de la tarifa del impuesto de timbre, entiéndase, la eliminación de dicho tributo, es claro que el parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto Tributario favorece indistintamente a los contratos de cuantía indeterminada suscritos, aceptados u otorgados antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 1111 del 2006. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz, sentencia de mar. 3/2011, Exp. 17443). 

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[&11204-1]
JURISPRUDENCIA - Impuesto de Timbre. Se causa cuando de su contenido se desprende una obligación.— 

(…) “En ese sentido, los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto de timbre están constituidos por i) el otorgamiento o aceptación de instrumentos públicos y documentos privados, ii) en los que consten la constitución, existencia, modificación, extinción, prórroga o cesión de una obligación, y iii) en los que intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública o una persona jurídica o asimilada o una persona natural que tenga calidad de comerciante. También se causa en la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga en documento separado.
 
Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 518 y 519 del Estatuto Tributario, deben responder como agentes de retención del impuesto de timbre las entidades públicas, o personas naturales o personas jurídicas y, asimiladas, que intervengan como contratantes, aceptantes o suscriptores de un documento público o privado, otorgado o aceptado en el país, en el que conste una obligación (…)”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, sentencia de agosto 28/2013, Rad. 19201)


[&11205]
D.R. 3050/1997. 

ART. 24. Autorretención del impuesto de timbre en contratos de concesión de una obra pública.— En los contratos de concesión de obra pública o de servicios públicos domiciliarios que por su naturaleza sean de valor indeterminado, la base para aplicar la retención a título de impuesto de timbre será el valor de los pagos o abonos en cuenta recibidos en cada mes en virtud de la concesión, determinado conforme lo señala el artículo 532 del estatuto tributario.

 

Para los efectos del inciso anterior, la empresa concesionaria actuará como autorretenedor del impuesto de timbre generado, debiendo cumplir en su totalidad con las obligaciones establecidas para los agentes de retención.

 

PAR.— A los autorretenedores aquí señalados le serán aplicables las sanciones consagradas en las normas tributarias en caso de incumplimiento de sus obligaciones.


[&11206]
OPINIÓN DE LA DIAN - El art. 24 del D. 3050/97 no se puede aplicar por analogía a los contratos de concesión minera.—  

“Para los contratos de concesión de obra pública de cuantía indeterminada, el Decreto 3050 de 1997 en el artículo 24, otorga al contratista la calidad de agente autorretenedor del impuesto de timbre con relación a los pagos que reciba a título de remuneración del respectivo contrato.

 

La norma anterior no es aplicable por extensión o analogía, toda vez que la calidad de agente autorretenedor de los impuestos se adquiere por asignación expresa, y no habiendo sido contemplados los contratos concesión minera, éstos deben someterse a las reglas comunes, que establecen con relación a los agentes retenedores del impuesto un orden de prevalencia entre las cuales se encuentran las entidades públicas quienes deben retener el impuesto de timbre que se genere por los contratos o documentos en los que hagan parte. En consecuencia de lo anterior, y no estando autorizada la autorretención respecto de los contratos de concesión minera, deberá el contratista remitir a la entidad contratante el valor correspondiente al impuesto de timbre por cada pago o abono que constituya remuneración del contrato, para que aquélla incluya en su declaración de retención dichos valores». (DIAN, Conc. 64588, agosto 19/98)

64588


[&11207]
OPINIÓN DE LA DIAN - La realización de contratos entre las mismas partes, un mismo día y por un mismo objeto, se configura una maniobra tendiente a desconocer el pago de este impuesto.—  

“Si bien es cierto las normas del estatuto tributario referentes al impuesto de timbre no prohíben la realización de contratos sucesivos entre las mismas partes, es claro que cuando éstos se realizan en un mismo día y por un mismo objeto, se configura una maniobra tendiente a desconocer el pago de este impuesto, que se causaría si la operación se realizara en un único contrato. Ahora, si conforme al artículo 683 del estatuto tributario el Estado no aspira que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación, no menos cierto es que aquél espera que el contribuyente cumpla como mínimo con las disposiciones reguladoras de cada materia. La aplicación de procedimientos como el expuesto en la consulta, no sólo contraviene el legítimo derecho que le asiste al Estado para exigir los tributos a que legalmente se hallan obligados los contribuyentes, sino que conlleva el empleo de maniobras que provocan conductas evasivas o elusivas por parte de los sujetos pasivos del tributo, violando a su turno uno de los principios esenciales de la tributación cual es el de la neutralidad.

 

Por lo anterior, considera el despacho que por ser una obligación entre las mismas partes, el mismo objeto, y el mismo día, conforme el artículo 519 del estatuto tributario los valores de cada contrato se deben tener para efectos tributarios como un único valor, y por tanto se causa el gravamen. (DIAN, Conc., 44242, mayo 7/99)

44242


[&11208]
OPINIÓN DE LA DIAN - Se considera ejecutado en el territorio nacional y por lo tanto sujeto a impuesto de timbre nacional, un contrato celebrado fuera del país para el diseño y construcción de un edificio de oficinas en sede de una embajada.—  

“Mediante Concepto DP8144 del día 24 de marzo de 2000 el Ministerio de Relaciones Exteriores, conceptuó con destino a la jefe de la división jurídica tributaria de la administración especial de personas jurídicas quien había elevado la respectiva consulta a ese organismo, “que en la actualidad los lugares donde se encuentran ubicadas las embajadas acreditadas ante un gobierno no debe entenderse en sentido estricto como parte del territorio de ese Estado o como una prolongación del mismo”.

 

En consecuencia y teniendo en cuenta los elementos conceptuales mencionados, sí se considera ejecutado en el territorio nacional un contrato celebrado fuera del país, entre una sociedad extranjera con sucursal en Colombia y una empresa extranjera sin domicilio en Colombia para el diseño y construcción de un edificio de oficinas en sede de una embajada porque los lugares donde se encuentran ubicadas las embajadas son parte del territorio del Estado receptor y por lo tanto se aplica con total efectividad de ejecución el sistema de normas que constituye un ordenamiento estatal.

 

De otra parte, el artículo 23 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, establece que el Estado acreditante y el jefe de la misión están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales, sobre los locales de la misión de que sean propietarios o inquilinos, salvo aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados.

 

Agrega el mismo artículo en el numeral 2º que, la exención fiscal a que se refiere este artículo no se aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a las disposiciones legales del Estado receptor, estén a cargo del particular que contrate con el Estado acreditante o con el jefe de la misión.

 

Conforme con lo anterior, se considera ejecutado en el territorio nacional y por lo tanto sujeto a impuesto de timbre nacional, un contrato celebrado fuera del país, entre una sociedad extranjera con sucursal en Colombia y una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, para el diseño y construcción de un edificio de oficinas en sede de una embajada, pero en el evento de que uno de los contratantes directos sea el Estado acreditante deberá darse aplicación al artículo 23 de la Convención de Viena y por lo tanto dicho Estado estará exento de todos los impuestos nacionales, entre otros, pero no gozará del mismo beneficio fiscal el particular que contrate con el Estado acreditante”. (DIAN, Conc. 35781, abr. 12/2000).

35781


[&11209]
D.R. 2076/1992. 

ART. 23. Instrumentos públicos gravados con el impuesto.— Para efectos del impuesto de timbre, se consideran instrumentos públicos sometidos al gravamen, además de los consagrados en los artículos 523, 524 y 525 del estatuto tributario, las escrituras públicas en los términos del inciso segundo del artículo 519 del mismo estatuto y los contratos administrativos. (& 11203, 11315, 11325 y 11351).


[&11210]
OPINIÓN DE LA DIAN - La insinuación de donación que se realice mediante escritura pública causa el impuesto de timbre, siempre y cuando superen los topes previstos en la ley.—  

(...) “La tesis fue sostenida por este despacho en el Concepto número 091317 de 2001, con fundamento en el inciso tercero del artículo 519 del Estatuto Tributario, en el parágrafo del artículo 226 de la Ley 223 de 1995 y en el artículo 1 del Decreto 1712 de 1989, que modificó el artículo 1458 del Código Civil, de los cuales concluyó, que “cuando la insinuación de donación sea superior a 50 salarios mínimos, se debe realizar por escritura pública y como tal causará el impuesto de timbre en el momento de su suscripción ante notario y este como agente retenedor del impuesto de timbre deberá efectuar la correspondiente retención sobre el valor de la escritura, salvo, como ya se anotó, cuando se trate de la donación de bienes inmuebles o naves”.

 

Solicitada la reconsideración de la anterior tesis, con fundamento en los siguientes argumentos procede este Despacho al análisis de los mismos, así:

 

En primer lugar señala la peticionaria que en pronunciamiento de fecha 12 de septiembre de 1994, este mismo Despacho sostuvo lo siguiente:

 

“Igualmente, según lo dispone el artículo 23 del Decreto 2076 de 1992, las escrituras públicas son instrumentos públicos gravados con el impuesto de timbre.

 

Con todo, dichos documentos deben llenar ciertas condiciones, para que se hallen sujetos al gravamen así:

 

Que consagren la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, condición que no parece configurarse en las situaciones objeto de consulta.

 

Que su cuantía supere el monto de causación fijado para cada año por el gobierno, el cual para el año...

 

Que intervengan como otorgantes, aceptantes o suscriptores, por lo menos una de l as personas señaladas como contribuyentes del impuesto, y como responsables del mismo...”

 

Además, invoca la sentencia del 16 de junio de 1975 de la Corte Suprema de Justicia, en la que dicha Corporación manifestó que por insinuación debe entenderse la autorización de juez competente solicitada por donante o donatario. Y autorización, en su principal significación, quiere decir, tanto como licencia o venia que se concede para que quien la pida pueda obrar, de lo cual se concluye que la insinuación no es constitutiva de obligaciones.

 

Al respecto le informo que el criterio doctrinal al que usted se refiere fue reconsiderado por este Despacho en pronunciamientos posteriores siendo la doctrina oficial vigente sobre tal asunto la que señala que el impuesto de timbre se causa por el mero otorgamiento de las escrituras públicas, salvo la enajenación de bienes inmuebles o naves o la constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. Tampoco se causará el impuesto de timbre cuando el documento esté sujeto al impuesto de registro conforme lo señala el parágrafo del artículo 226 de la Ley 223 de 1995.

 

Ahora bien, en cuanto a que la insinuación de donación no es constitutiva de obligaciones, es claro que este despacho comparte lo expresado por la Corte, en el pronunciamiento jurisprudencial invocado y por lo tanto lo sostenido por este despacho en el concepto cuya reconsideración se solicita no contraría en nada dicho planteamiento, pues él mismo se basa, para afirmar que se causa el impuesto de timbre, en que el documento que autoriza la donación es elevado a escritura pública y no, si en él consta la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, pues como antes se expresó las normas mencionadas establecen la causación del impuesto de timbre sobre las escrituras públicas.

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para la causación del impuesto, necesariamente ha de darse el elemento objetivo consagrado en la ley, como es que la cuantía del documento supere el valor tope señalado en la ley, es este caso el artículo 519 del Estatuto Tributario, valor que se actualiza anualmente.

 

Por lo tanto, en la expedición de las escrituras públicas, se causa el impuesto de Timbre Nacional, siempre y cuando estás contengan o hagan referencia a valores que superen el tope señalado en la ley (hoy $50.000.000).

 

Es importante anotar que si bien la insinuación per se, no es constitutiva de obligaciones, cuando su cuantía sea superior a 50 salarios mínimos mensuales vigentes debe elevarse a escritura pública, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1712 de 1989, e igualmente cuando la cuantía de la donación es inferior a tal tope no requiere insinuación.

 

La donación constituye un acto de disposición que necesariamente implica para una parte disminución del patrimonio y para la otra aumento del mismo, y por ende constituye un hecho generador del impuesto de timbre, se reitera siempre que supere el tope previsto en el artículo 519 ibidem.

 

No obstante el numeral 7 del artículo 530 del Estatuto Tributario, establece que se encuentra exenta del impuesto de timbre la cesión o el endoso de los títulos de acciones y bonos a que se refiere el numeral 6 del mismo artículo, si la cesión se efectúa ante notario público mediante el otorgamiento de escritura pública, se causará el impuesto de timbre, cuando aquella supere el tope previsto para la causación del tributo.

 

En consecuencia, este despacho acorde con los argumentos analizados modifica los Conceptos 091317 de 2001 y 053092 de 2000, en el sentido que en el otorgamiento de escrituras públicas relativas a donaciones que superen los 50 salarios mínimos legales mensuales que requieren insinuación, el impuesto de timbre se causa sobre el valor de la donación siempre y cuando el valor de la escritura pública que la autoriza exceda la cuantía tope señalada en el artículo 519 del Estatuto Tributario, salvo que se trate de enajenación de inmuebles o de naves, o la constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos”. (DIAN Conc. 051202, ago. 14/02. Promulgado Diario Oficial No 44.908 del 22 de agosto de 2002)

051202


[&11211]
D.R. 2076/1992. 

 ART. 25. Concepto de nave. Para efectos del impuesto de timbre se entiende por nave, las embarcaciones mayores o aeronaves definidas por el Código de Comercio que para su enajenación o la constitución de derechos reales sobre las mismas requieren como solemnidad la escritura pública.


[&11212]
D.R. 836/1991. 

ART. 27. Timbre en modificación de contratos. Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de timbre, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia, siempre y cuando ésta, sumada a la cuantía del contrato original, exceda la suma mínima no sometida al gravamen de conformidad con el artículo 519 del estatuto tributario. Cuando la modificación implique un menor valor del contrato no se deberá liquidar impuesto de timbre adicional.


[&11213]
OPINIÓN DE LA DIAN - La prórroga genera impuesto de timbre siempre que se genere un mayor valor del contrato.—  

“En los contratos en que se produzca una prórroga, expresa o tácita, sólo se genera el impuesto de timbre cuando la prórroga implique un mayor valor del contrato en cuyo caso será igualmente aplicado lo señalado en el párrafo anterior.

 

Conforme con lo anterior, la modificación de la cuantía de un contrato genera obligaciones tanto para el contratista como para el contratante y el impuesto de timbre procede sobre la diferencia a la tarifa vigente al momento de la respectiva modificación cuando se realizó el hecho gravado, siempre que el valor adicionado sumado a la cuantía del contrato original exceda la suma mínima no sometida al gravamen ....”. (DIAN, Conc. 10707, sep. 6/99)

10707


[&11214]
D.R. 2076/1992. 

ART. 31. Exclusión del impuesto en la oferta mercantil que genera un contrato escrito posterior. Cuando la oferta mercantil aceptada se concrete posteriormente en un contrato escrito, sólo se causará el impuesto de timbre sobre este último.


[&11215]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta de bienes o servicios, se encuentran exentas del Impuesto de Timbre.—  

“Mediante concepto 48702 de 1999, en el párrafo final del acápite de interpretación jurídica se manifestó:

 

“En el caso materia de consulta no se trata de un contrato de compra o venta sino de la prestación del servicio de construcción, por lo cual la exención no opera”.

 

Al respecto este despacho se permite reconsiderar en los siguientes términos lo anteriormente expresado:

 

En el caso materia de consulta, resulta claro, que la aceptación de la oferta mercantil para la construcción de obra coincide o se dio con ocasión de la expedición de la orden de compra, por lo cual, la misma no se encuentra sujeta al impuesto de timbre nacional, en razón a que las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta de bienes o servicios, se encuentra exenta del tributo aludido.

 

En los anteriores términos se modifica el concepto 48702 de 1999". (DIAN, Conc. 060105, jun. 30/1999. Promulgado Diario Oficial No. 43.631 del 07 de julio de 1999).

60105


[&11216]
OPINIÓN DE LA DIAN - En los contratos de mutuo no deben incluirse los intereses en la base para liquidar el impuesto de timbre.—  

“El contrato de mutuo es oneroso, conmutativo y bilateral. Tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno en beneficio del otro. Es una obligación recíproca en la cual existe el deseo de lucro; cada una de las partes se obliga a dar una cosa que se mira como equivalente: el mutuante a entregar la cosa en préstamo, y el mutuario a restituirla, y las situaciones de acreedor y deudor terminan con el cumplimiento del contrato. Por ello, ciertamente no se puede decir que esta clase de contratos sea uno de aquellos llamados de “tracto sucesivo” que se caracterizan por la constante sucesión en el tiempo de las obligaciones de las partes, como en el arrendamiento, que no se termina al pagar la respectiva mensualidad ya que al llegar la fecha indicada de cada mes surgen nuevas obligaciones por parte del arrendador de permitir el uso y del arrendatario de pagar la mensualidad.

 

(...) Los intereses pactados operan en función del plazo, de tal manera que aumentarán o disminuirán de acuerdo con el término estipulado, de su prórroga, renuncia por pago anticipado, etc., de tal manera que se puede decir que ellos constituyen una obligación accesoria íntimamente vinculada con tal modalidad, que dependen de ella, y que a pesar de ser de la esencia del contrato, por naturaleza no le pertenecen pues éste puede ser gratuito (Arturo Valencia Zea, Contratos).

 

Por lo tanto, el contrato de mutuo, al perfeccionarse con la entrega de lo mutuado, solamente abarca este valor y no sus intereses, que como ya dijimos constituyen una obligación accesoria sujeta a diversas modalidades. En consecuencia, causa impuesto de timbre el instrumento en el cual se haga constar la constitución del mutuo, y se liquida sobre su cuantía, sin incluir en ella los intereses”. (DIAN, Conc. 20173, sep. 10/82)

20173


[&11217]
OPINIÓN DE LA DIAN - La libranza no es un documento donde conste la existencia de una obligación.—  

“En el caso propuesto en su consulta, la libranza no es un documento donde conste la existencia de una obligación, es un mandato o autorización dado al pagador para efectos de hacer un descuento sobre un pagaré gravado con el impuesto de timbre correspondiente.

 

En consecuencia, este despacho considera que la libranza no está gravada con el impuesto de timbre cuando se suscriba para garantizar un pagaré, éste sí sometido al gravamen. (DIAN, Conc. 8105, mar. 31/87)

8105


[&11229]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las sentencias no son objeto del Impuesto de Timbre.—  

“Las sentencias dictadas en procesos declarativos civiles no fueron incluidas como objeto de imposición (...).

 

En consecuencia, las copias expedidas por funcionarios, que reemplazan títulos ejecutivos, no causan impuesto de timbre nacional. En cambio existen instrumentos privados o títulos valores otorgados o aceptados en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o causen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, causan impuesto de timbre ...”. (DIAN, Conc. 13698, mayo 27/87)

13698


[&11230]
OPINIÓN DE LA DIAN - A la cesión de oferta mercantil aceptada con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta le es aplicable la regla general prevista por el artículo 519 del Estatuto Tributario.—  

“(…) De conformidad con el artículo 519 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 27 de la Ley 788 de 2002, el impuesto de timbre nacional, se causa a la tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 56.684.000), (valor año 2004), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a quinientos treinta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos ($534.750.000), (valor año 2004).

 

En cuanto a la oferta mercantil aceptada, la misma norma señala que en estos casos se causará el impuesto de timbre, aunque la aceptación se haga en documento separado.

 

Así mismo, el artículo 530 del Estatuto Tributario al enumerar de manera taxativa, los documentos que se encuentran exentos del impuesto de timbre, dispone que están exentas de timbre, las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta, pero no incluye en ninguno de sus numerales la cesión de oferta mercantil aceptada con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta.

 

En consecuencia al no estar expresamente exenta, la cesión de oferta mercantil aceptada con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta, le es aplicable la regla general prevista por el articulo 519 del Estatuto Tributario, según la cual están sometidos al impuesto de timbre nacional los documentos en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de cuantía y calidad de las partes ordenados por la ley, los cuales ya fueron citados en este escrito.

 

Ahora bien, si la cesión de la oferta mercantil fue hecha a título gratuito, el acto carece de cuantía y no se causa el impuesto de timbre. Por el contrario, si la cesión de la oferta se hace a título oneroso, se causa el impuesto de timbre, una vez cumplidos los requisitos de cuantía y calidad de las partes, siendo entonces el documento mediante el cual se expresa la voluntad de ceder una oferta mercantil, el que genera la obligación tributaria.

 

En relación con las situaciones planteadas en las preguntas 4 y 5, este despacho le recuerda que de conformidad con el ordenamiento tributario, los documentos (sin importar el nombre que tengan) en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, causan impuesto de timbre, salvo que la ley los haya exceptuado expresamente (…)”. (DIAN, Conc., 49341, agosto 9/04).

49341


[&11231]
OPINIÓN DE LA DIAN - La cesión de créditos causa impuesto de timbre.—  

“1. El endoso de un título valor, como lo manifiesta el consultante, responde a su ley de circulación, que no crea, modifica o extingue las obligaciones inherentes al mismo, razón por la cual no se halla dentro de los eventos que causan el impuesto de timbre señalado en el artículo 519 del estatuto tributario estando exentos de tal impuesto conforme al artículo 530, numeral 9º del mismo estatuto.

 

Los títulos valores incorporan el derecho literal y autónomo en ellos indicado, creando una obligación para el suscriptor en relación, al tenedor. Por su parte, la cesión de un crédito ya existente, amparado o no por un título valor, necesariamente, crea una nueva obligación (entre cedente y cesionario). Tratándose de obligaciones distintas y, siendo el impuesto de timbre esencialmente documental, se causará sobre cada uno de los documentos otorgados o aceptados en el país, el impuesto de timbre, si su cuantía así lo determina.

 

Como consecuencia de lo expuesto, y por disposición expresa del artículo 519 del estatuto tributario, la cesión de un crédito ya existente, causa el impuesto de timbre independientemente del que se causó al expedirse el título valor que respaldó el crédito cedido.

 

2. Siguiendo los parámetros del punto anterior, el documento por medio del cual se efectúa la cesión de un crédito, causa el impuesto de timbre esté o no incorporado el crédito a un título valor”. (DIAN, Conc. 28384, dic. 4/89)

28384


[&11232]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las aceptaciones bancarias están sometidas al impuesto de timbre.—  

“La aceptación bancaria o financiera consiste en una operación comercial en la cual una entidad financiera que se denomina aceptante, garantiza a un vendedor que se denomina beneficiario, el pago de una letra de cambio girada por el comprador para pagar mercancías adquiridas (...)

 

Si las aceptaciones bancarias no requieren ser inscritas en el registro de valores, esto no obsta para que por expresa disposición, como es el numeral 5º artículo 11 del Decreto 2969 de 1960, puedan negociarse en bolsa, pero sin que pueda afirmarse que se trata de emisión primaria debido a que inicialmente fueron emitidas cuando la entidad financiera las aceptó. Por lo tanto, así una vez se haya cumplido el trámite de creación se lleven directamente a inscripción, ya no puede hablarse de emisión primaria inscrita en bolsa de valores, como lo exige el numeral 7º del artículo 530 del estatuto tributario, para considerar los instrumentos o documentos como exentos del impuesto de timbre. 

 

En conclusión las aceptaciones bancarias sí están sujetas al impuesto de timbre, pues son títulos valores otorgados y aceptados en el país contentivos de obligaciones, a los cuales se les aplican las normas de causación del impuesto de timbre y tarifa previstas en el artículo 519 del estatuto tributario”. (DIAN, Conc. 4814, oct. 21/91)

4814


[&11233]
OPINION DE LA DIAN - La anulación, resolución o rescisión del contrato no conlleva la devolución del Impuesto de Timbre.—  

“Ahora bien, considerando que este impuesto no es susceptible de afectación con deducciones o descuentos, ni está condicionado a la suerte que puedan tener los actos o documentos que lo generen, al contrario de lo que acontece con los impuestos sobre la renta o sobre el valor agregado, su régimen legal en ningún caso tiene prevista su disminución o anulación como consecuencia de situaciones eventuales de incumplimiento o de imposibilidad de realización que pudieren llegar a afectar a los contratos o documentos, sean estas circunstancias de la responsabilidad de las partes intervinientes en los documentos o contratos, o de terceros. Por el contrario, la ley urge la obligación de cancelar oportunamente el valor total del impuesto y apremia este cumplimiento por parte del agente retenedor aun con el riesgo de incurrir en delito de peculado.

 

Así pues, bajo las características legales del impuesto de timbre nacional considera este despacho que no es posible la recuperación del valor cancelado a título de dicho impuesto, una vez se haya generado por concurrencia de los factores previstos en la ley”. (DIAN, Concepto 52759, jun. 2/2000)

52759


[&11234]
L. 730/2001. 

ART. 30.— Los contratos de fletamento, afiliación o de vinculación de naves y artefactos navales registrados en Colombia, suscritos por empresas domiciliadas en territorio colombiano, al igual que los contratos de servicio por reparación o mantenimiento de naves y artefactos navales, no causarán impuesto de timbre.


[&11234-1]
OPINIÓN DE LA DIAN - Causan el impuesto de timbre nacional los contratos de reparación y mantenimiento sobre naves y artefactos navales registrados en el país, cuando se trate de empresas no domiciliadas en Colombia.—  

“(…) Con relación a la aplicación del artículo 30 de la Ley 730 de 2001, sobre la no causación del Impuesto de Timbre Nacional para los contratos de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales registrados en el país, suscritos por empresas domiciliadas en Colombia, la disposición de manera expresa se refiriere a esta clase de contratos sobre naves registradas en el país cuando sean suscritos por empresas domiciliadas en Colombia, para lo cual debe tenerse en cuenta el artículo 21 del Decreto 1222 de 1976, el cual dispone, que las condiciones requeridas por la ley para gozar de las exenciones deberán demostrarse cuando tales condiciones no aparezcan en el documento o no puedan establecerse directamente del mismo.

 

Como consecuencia directa de la ley, no causan el impuesto de timbre nacional los contratos de reparación y mantenimiento sobre naves y artefactos navales registrados en el país, siempre y cuando se trate de empresas domiciliadas en Colombia.” (DIAN, Conc. 043441, may. 27/2009. Promulgado Diario Oficial No. 47.390 del 24 de junio de 2009)

Ver texto completo


[&11235]
L. 730/2001. 

 ART. 31.— La obligación de pago del contrato de fletamento de que trata el artículo anterior, podrá realizarse en especie o en dinero.


[&11235-1]
OPINIÓN DE LA DIAN - Causan el impuesto de timbre nacional los contratos de reparación y mantenimiento sobre naves y artefactos navales registrados en el país, cuando se trate de empresas no domiciliadas en Colombia.—  

“(…) Con relación a la aplicación del artículo 30 de la Ley 730 de 2001, sobre la no causación del Impuesto de Timbre Nacional para los contratos de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales registrados en el país, suscritos por empresas domiciliadas en Colombia, la disposición de manera expresa se refiriere a esta clase de contratos sobre naves registradas en el país cuando sean suscritos por empresas domiciliadas en Colombia, para lo cual debe tenerse en cuenta el artículo 21 del Decreto 1222 de 1976, el cual dispone, que las condiciones requeridas por la ley para gozar de las exenciones deberán demostrarse cuando tales condiciones no aparezcan en el documento o no puedan establecerse directamente del mismo.

Como consecuencia directa de la Ley, no causan el impuesto de timbre nacional los contratos de reparación y mantenimiento sobre naves y artefactos navales registrados en el país, siempre y cuando se trate de empresas domiciliadas en Colombia.”. (DIAN, Conc. 43441, mayo 28/2009).


[&11236]
D.R. 2076/1992. 

ART. 29. Cuantía de los instrumentos y documentos.— Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 521 y 523 del estatuto tributario, no se causará el impuesto de timbre sobre los instrumentos públicos y documentos privados cuya cuantía no exceda de $63.191.000*. 
 
En los documentos de cuantía indeterminada, cuyo máximo valor posible de acuerdo con las cláusulas contenidas en el documento, no exceda de $63.191.000*, no se causará el impuesto de timbre. Cuando dicho máximo valor posible exceda dicha cuantía se causará el impuesto de timbre que proceda. 
 
Cuando de conformidad con el inciso segundo de este artículo no se haya liquidado impuesto de timbre, pero de la ejecución de las obligaciones que constan en el documento se llegare a un valor superior a $63.191.000* se deberá pagar el impuesto de timbre respectivo, sin perjuicio de las sanciones e intereses moratorios a que haya lugar. 
 
NOTA *: Estas cifras son las vigentes para el período 2006, conforme al D.R. 4715/2005. Para el año 2005 fueron $60.142.000, según el D.R. 4344/2004.


[&11237]
OPINIÓN DE LA DIAN - Impuesto de timbre en contratos en que se establecen obligaciones gravadas y exentas.—  

(...) “De manera excepcional la ley enumera los contratos respecto de los cuales la base gravable es la remuneración del contratista y no el valor total de las sumas de dinero que en su desarrollo se manejen. Por lo tanto en los demás contratos el Impuesto de Timbre Nacional se causa sobre la cuantía total que se establezca en el respectivo contrato, motivo por el cual si se trata de un documento en el que se constituyen obligaciones gravadas y exentas, el impuesto se genera y determina sobre el valor total del contrato atendiendo el objeto principal del mismo aunque para su desarrollo se involucren operaciones secundarias exentas del impuesto.

 

Si en el contrato o documento se refiere a una operación integral que involucra actividades que se discriminan, debe tenerse en cuenta también para efectos del Impuesto de Timbre Nacional el contrato como tal, pues la exención para el caso está referida de manera expresa en el numeral 27 del artículo 530 del Estatuto Tributario para el contrato de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de carga como tal. Cuando los contratos incluyen diferentes actividades una de las cuales es el transporte, que involucra además la vigilancia, custodia, mantenimiento y recuperación con suministro de repuestos de las alcancías de los teléfonos públicos se causa el Impuesto de Timbre teniendo en cuenta el objeto principal del contrato. La base para la causación del impuesto es el valor del contrato en cuanto su objeto implica diferentes actividades, independientemente que se le dé a cada una de estas un valor específico, teniendo en cuenta que los acuerdos entre particulares no son oponibles al fisco, como en efecto dispone el artículo 553 del Estatuto Tributario y que para efectos de la exención del numeral 27 del citado artículo 530, dicho beneficio sólo está dado para el contrato cuyo objeto principal o único es el transporte, situación que no es aplicable a contratos diferentes cuando para cumplirlos se involucre dicha actividad, pero que en razón de ello no pueden considerarse de transporte”. (DIAN, Conc. No. 075932, nov. 23/02. Promulgado Diario Oficial No. 45.026 del 9 de diciembre de 2002)

075932


[&11238]
OPINIÓN DE LA DIAN - Los documentos que por su esencia no tienen cuantía alguna, sólo constituyen hecho generador del impuesto en la medida en que aparezcan expresamente consagrados en el estatuto tributario como sometidos al impuesto de timbre.—  

“1. Existen actuaciones que por su naturaleza no tienen cuantía como acontece con la solemnización del régimen de propiedad horizontal, con los poderes generales, entre otros, que por lo obvio, no pueden ubicarse en la categoría de documentos, cuya cuantía sea superior a ..., pero tampoco puede afirmarse que sean de cuantía indeterminada... De conformidad con la regla general de causación y demás disposiciones que le son concordantes, uno de los requisitos que exige la ley para que el impuesto se cause, es que el instrumento público o documento privado, tenga una cuantía superior a .....

 

El legislador ha querido, y así lo ha plasmado en el artículo 523 del estatuto tributario, que sólo determinados documentos o actuaciones que no tienen cuantía sean gravados con el impuesto, fijando para ellos una suma determinada. Es entendible, entonces, que los que no figuran en la relación que de los mismos hace el citado artículo en relación con ellos, el impuesto de timbre no se causa. Al respecto el Concepto General 13076 de 1993 señaló en uno de sus apartes que “debe tenerse presente que en el caso de documentos que por su esencia no tienen cuantía alguna, sólo constituyen hecho generador del impuesto en la medida en que aparezcan expresamente consagrados en el estatuto tributario como sometidos al impuesto de timbre”. (DIAN, Conc. 2265, jun. 23/93)

2265


[&11250]
D.R. 2076/1992. 

 ART. 24. El impuesto sobre las ventas no forma parte de la base gravable. El impuesto sobre las ventas no formará parte de la base gravable del impuesto de timbre.


[&11251]
D.R. 2076/1992. 

ART. 33. Base gravable en la fiducia, la agencia mercantil y en la administración delegada. En los contratos de fiducia mercantil y en los encargos fiduciarios, el impuesto de timbre se causará a la tarifa prevista en la ley aplicada sobre la remuneración que corresponda según el respectivo contrato, a favor de la entidad fiduciaria.

 

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable en el caso de los contratos de agencia mercantil y de administración delegada, así como a los que den origen a fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsas.


[&11252]
JURISPRUDENCIA - Base gravable en los contratos de agencia comercial para liquidar el impuesto de timbre.— 

“(…) En relación con el impuesto de timbre, se discute la base gravable que debió tenerse en cuenta para la retención en la fuente.

(…)
El presente contrato es de agencia comercial, entendido como aquel en virtud del cual un comerciante (agente) asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo (artículo 1317 del Código de Comercio). El agente tiene derecho a recibir una remuneración por sus servicios (art. 1322 ib.)
 
Este contrato posibilita que GEC, como negocio propio, pueda suministrar a los suscriptores servicios de instalación, ventas y mercadeo y alquiler de IRS, lo que implica que surja una nueva relación contractual entre esta empresa y sus suscriptores, si se quiere, adicional a la relación contractual de agencia mercantil, pero que no desnaturaliza este negocio jurídico.
 
Es un contrato otorgado en el país, cuya ejecución es en el territorio nacional, por lo que genera el impuesto de timbre de acuerdo con los términos del artículo 519 del Estatuto Tributario.
 
Para determinar la cuantía del contrato de agencia mercantil, el artículo 33 del Decreto 2076 de 1992 señaló lo siguiente: (…)
 
De conformidad con esta disposición, la base gravable en el presente contrato de agencia comercial será la remuneración que le corresponda al agente, sin distinguir si esta proviene del agenciado o de un tercero señalado en el documento.
(…)
De acuerdo con la definición del contrato de agencia mercantil y con los términos del contrato en el que la demandante actuó como agente, la Sala considera que la base para el impuesto de timbre, es la compensación acordada por las partes de US$10.000 que GLA debe pagar cada año, pues esa fue la voluntad de las partes del contrato, estipulación que debe entenderse, en los términos que fue redactada, como la remuneración del contrato de agencia mercantil, tal como lo señala el artículo 33 del Decreto 2076 de 1992.
 
Por el contrario, el 40% de la facturación de los clientes o usuarios de la televisión satelital, corresponde, como también lo señala el contrato de manera diáfana, a la retribución de los usuarios por el “negocio propio”, que las mismas partes reconocen en el contrato, del agente comercial por los servicios que de manera directa presta a los suscriptores, como son: instalación, ventas y mercadeo, alquiler de IRS y servicio al cliente.
 
En efecto, la Sala advierte que como lo explica la demandante, para la recepción de la imagen transmitida y difundida por GLA los suscriptores deben tener los aparatos decodificadores, cuya instalación, mantenimiento y servicio permanente realiza GCL, como negocio propio y por su cuenta y riesgo, según se acordó en el mismo contrato. Para lo anterior la actora suscribe con cada uno de los usuarios finales un contrato que constituye una relación jurídica directa entre GCL y el suscriptor que resulta independiente y diferente a la prestación del servicio de televisión satelital que suministra GLA al cliente y al vínculo contractual entre GLA y GCL para promover el negocio en el país.
(…)
Según lo expuesto, se puede concluir que el único pago que percibe GCL de GLA en virtud del contrato de agencia mercantil es el correspondiente a la comisión de US$10.000 anuales. En el mismo sentido puede afirmarse que los únicos pagos que percibe GLA provienen de los suscriptores y que corresponden al suministro de televisión.
 
Por consiguiente, para la Sala del contrato de agencia mercantil en ningún momento puede entenderse que el 40% que recibe como compensación GCL hace parte de su remuneración como agente mercantil, pues como se explicó, tal proporción es la que se fijó por las partes por razones de conveniencia del negocio de GLA, pero por la gestión de un negocio independiente.(Consejo de Estado, Sección Cuarta C.P. William Giraldo Giraldo, sentencia mayo 27/2009, Exp. 16072). (&8530, 8663 y 8675)*
 

NOTA*: En el mismo sentido se pronunció la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en demandas presentadas por el mismo actor en las siguientes Sentencias 16249 del 21 de mayo de 2009, Sentencias 16361, 16401, 16616 y 17276 del 27 de mayo de 2009 y Sentencia 16040 del 20 de agosto de 2009. El texto completo de dichas sentencias se encuentra en nuestra página web www.tallerjuridico.com.

Ver texto completo


[&11252-1]
JURISPRUDENCIA - La base gravable del impuesto de timbre la constituye la cuantía del contrato.— 

“(…) La Sala considera que no puesto que, atendiendo a una interpretación gramatical y exegética de los artículos 519 y 522 del estatuto tributario, la base gravable del impuesto de timbre la constituye la cuantía del contrato. Luego, si esa cuantía está determinada y el legislador no hizo distinción de ninguna especie a efectos de establecer la base gravable del impuesto de timbre, no es dable al intérprete hacer distinción alguna”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia de ene. 31/2013, Rad. 11001-03-27-000-2010-0003-00)

Rad. 11001-03-27-000-2010-0003-00


[&11253]
OPINIÓN DE LA DIAN - En los contratos de mandato el impuesto de timbre debe liquidarse sobre la remuneración del mandatario.—  

"(…) Solicita Usted aclaración de la respuesta que le fue suministrada mediante el concepto número 122475 del 20 de diciembre del año 2000, en relación con la base para determinar el impuesto de timbre nacional en contratos interadministrativos de mandato. En éstos, junto con las materias sobre las que versa el mandato, se estipula en forma concreta la remuneración correspondiente al servicio.

 

En este concepto se afirma que el impuesto de timbre se debe liquidar sobre el valor total de las obligaciones dinerarias que surjan del contrato para las partes, por lo cual requiere que se aclare si ese total de las obligaciones dinerarias debe entenderse respecto de las remuneraciones a que tiene derecho el mandatario por los servicios prestados a su mandante, o si incluye el monto de los dineros que va a manejar el mandatario para pagos a terceros por cuenta del mandante en desarrollo del contrato.

 

En la respuesta anterior se hizo mención de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2076 de 1992 en cuanto expresa que en ciertos contratos en los que se manejan sumas de dinero por cuenta de terceras personas, entre los cuales menciona los de fiducia mercantil, encargos fiduciarios, agencia mercantil, administración delegada y administración de fondos de valores por sociedades comisionistas de bolsa, la base para determinar el impuesto de timbre nacional es solamente la remuneración percibida en razón del servicio prestado y no el total de las sumas de dinero encomendadas o manejadas. Estas disposiciones están en consonancia tanto con la naturaleza de los mandatos para adelantar esas gestiones, como con las condiciones básicas de causación del impuesto de timbre.

 

En efecto, en el contrato de mandato, que suele ser remunerado y conmutativo, el mandatario asume la responsabilidad de realizar por cuenta y riesgo del mandante unos negocios jurídicos y conoce el valor de la remuneración de su gestión; tal remuneración viene a constituirse en la cuantía del contrato celebrado, y por tanto es la base para la liquidación del impuesto de timbre nacional en el caso de que este impuesto se genere.

 

Los negocios jurídicos confiados al mandatario son el objeto del mandato y de suyo se diferencian de los recursos para realizarlos. Esto implica que, aunque en virtud del mandato se deban manejar sumas de dinero u otros efectos comerciales, el mandato versa sobre los negocios que con ellos se realizarán y en la retribución por realizarlos. De donde inferimos que la cuantía del contrato de mandato no consiste en la magnitud de los efectos comerciales implicados ni de las sumas de dinero utilizadas para los negocios jurídicos por realizar, sino en la remuneración convenida para el mandatario.

 

Cuando en los conceptos aludidos por usted en su comunicación se señala como base gravable para el impuesto de timbre nacional, en contratos de mandato, "el valor total de las obligaciones dinerarias que surjan del contrato para las partes", debe entenderse que esa base gravable está conformada por el valor total de las remuneraciones pactadas para el mandatario.

 

En la forma aquí explicada quedan aclarados los conceptos números 016211 y 122475 de marzo y diciembre de 2000, respectivamente. (DIAN, Conc. 098937, nov. 13/2001. Promulgado Diario Oficial No. 44.620 del 20 de noviembre de 2001)


[&11253]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las ONG sí deben pagar impuesto de timbre nacional por recibir contratos de obras sobre los cuales percibe ingresos para gastos de funcionamiento.—  

“(…) Solicita el consultante ampliación del Concepto 098937 de noviembre 13 de 2001, el cual se refiere al impuesto de timbre en los contratos de mandato, en el que se sostuvo que en estos contratos tal impuesto debe liquidarse sobre la remuneración del mandatario, así:

 

En efecto, en el contrato de mandato, que suele ser remunerado y conmutativo, el mandatario asume la responsabilidad de realizar por cuenta y riesgo del mandante unos negocios jurídicos y conoce el valor de la remuneración de su gestión; tal remuneración viene a constituirse en la cuantía del contrato celebrado, y por tanto es la base para la liquidación del impuesto de timbre nacional en el caso de que este impuesto se genere”.

 

El Decreto 197 de 1999 por el cual se creó el Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero, en el artículo 6º ordenó que los contratos que celebrara esta entidad no estaban sujetos al impuesto de timbre, como tampoco lo estaban los contratos celebrados entre el Forec y las ONG o entre las ONG y terceros cuando actuaran en desarrollo de un mandato de representación. Pero esta exención operó hasta el 31 de diciembre del año 2000, en virtud de lo previsto en el inciso tercero del artículo 215 de la Constitución Política.

 

Hecha la aclaración anterior, para el caso materia de consulta debe retomarse la norma general del artículo 519 del Estatuto Tributario, según el cual, se causa el impuesto de timbre nacional cuando se den las cuantías establecidas para cada año por el Gobierno Nacional, sobre cualquier documento en el que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de las obligaciones, lo mismo que su prórroga o cesión.

 

En el concepto mencionado se explicó que en ciertos contratos en los que se maneja dinero por cuenta de terceras personas, la base para determinar el impuesto de timbre nacional es solamente la remuneración percibida en razón del servicio prestado y no el total de las sumas de dinero encomendadas en administración o manejadas por cuenta y a nombre de otros.

 

Para efectos de la consulta se dice que no se perciben honorarios por el desarrollo de los contratos recibidos, sino que se recibe lo necesario para gastos de funcionamiento.

 

Al respecto, considera el Despacho que éstos son los ingresos que se reciben por la gestión, independientemente de la designación y destinación que se les dé. Por lo tanto, esos ingresos constituyen la cuantía susceptible de generar el impuesto de timbre nacional, en el evento de que sobrepase la mínima vigente para la época de causación del tributo, esto es, a la fecha del “otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago, del instrumento, documento o título”, como lo dispone el artículo 28 del Decreto 2076 de 1992. Se confirma, pues, lo expresado en el concepto número 098937 del 13 de noviembre de 2001.” (DIAN, Conc. 020431 abr. 08/02. Promulgado Diario Oficial No. 44.767 de 13 de abril de 2002)


[&11254]
OPINIÓN DE LA DIAN - Hasta el 31 de diciembre del año 2000, los contratos realizados por las ONG actuando en calidad de mandatarias del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero Forec, estuvieron exentos del impuesto de timbre.—  

“(…) Solicita usted reconsideración de los conceptos números 19132 de septiembre 27 de 1999 y 18791 de marzo 8 de 2001 proferidos por esta División, en los cuales se consideró, al interpretar el inciso 5º del artículo 6º del Decreto 197 de 1999, por el cual se crea un fondo para la reconstrucción de la región del eje cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999; que los contratos realizados directamente por el Forec con las ONG para la reconstrucción del eje cafetero, están exentos de impuesto de timbre y que igualmente lo están los contratos que celebren las ONG con terceros, siempre y cuando actúen en desarrollo de un mandato con representación; pero si éstas actúan con base en un mandato sin representación los contratos que celebren con terceros deberán pagar impuesto de timbre (...) como consecuencia de la declaratoria de la emergencia económica y social acaecida con ocasión del terremoto que afectó la zona del eje cafetero el 25 de enero de 1999, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 197 de 1999, considerando, entre otros, “que es necesario crear una entidad que disponga de la capacidad jurídica y autonomía presupuestal que le permitan adoptar las medidas adecuadas para enfrentar la crisis y para disponer las acciones gubernamentales y privadas que permitan impulsar en el corto plazo el desarrollo económico, productivo y social de la región afectada”; y en desarrollo de la misma crea el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero o Forec .

 

En lo que respecta al punto materia de controversia, el artículo 6º del mismo decreto dispone: “Los contratos que celebre el fondo para el cumplimiento de su objeto, con entes públicos o privados, cualquiera sea su índole o cuantía, se regirán por el derecho privado y no estarán sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993. Tratándose de negocios fiduciarios el fondo velará porque el objeto de los mismos se desarrolle por parte de las instituciones fiduciarias en condiciones de transparencia, libre concurrencia, eficiencia y publicidad.

 

De igual manera, los contratos que en desarrollo de los convenios celebrados con el fondo deban suscribir las entidades públicas se regirán por el derecho privado. Los contratos a que se refieren los incisos anteriores no requerirán de escritura pública, sin perjuicio de su inscripción en el registro de instrumentos públicos cuando a ello haya lugar para efecto de la transferencia del respectivo bien. Para efectos de determinar los derechos notariales y registrales, así como el impuesto de registro y anotación los contratos a que se refieren los incisos anteriores se considerarán actos sin cuantía. Adicionalmente, dichos contratos y los demás actos a que haya lugar por razón de los mismos, no estarán sujetos al impuesto de timbre”. Al interpretar la anterior disposición, este Despacho mediante los conceptos números 19132 de septiembre 27 de 1999 y 18791 de marzo 8 de 2001 consideró que los contratos realizados directamente por el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero al tener como finalidad la realización de actividades necesarias para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región afectada, se encuentran amparados con la exención del impuesto de timbre. De igual manera estimó que cuando el Forec con el fin de cumplir su objeto celebre contratos de mandato con entidades públicas o privadas para que en su nombre realice contratos cuya finalidad es la perseguida en las disposiciones que regulan su creación, tales contratos gozarán de la exención del impuesto de timbre siempre y cuando el mandato se haya otorgado con representación. Si el contrato de mandato es sin representación, aún cuando tenga como finalidad cumplir el principal, se encuentra sujeto al impuesto en estudio.

 

Así las cosas para dilucidar lo planteado por el consultante, se hace necesario realizar un análisis de este tipo de contrato. Según definición del artículo 2142 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera; de igual manera según el artículo 2177 supra, el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante. Se ha discutido frecuentemente acerca de si el mandato es o no esencialmente representativo.

 

Para algunos autores no es técnicamente adecuado hablar de mandato sin representación, porque en el mandato siempre hay representación, lo que sucede es que en algunos casos puede el mandatario actuar frente al tercero sin descubrir su calidad pero existe una representación, solo que el tercero contrata ignorándola. Según el Tratadista Alejandro Bonivento Fernández, en su obra “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales” séptima edición página 450 “...el mandato siempre es representativo, sea que se oculte o no la calidad del mandatario frente a terceros... si el mandatario procede frente a los terceros como si fuera a comprometer su órbita contractual, ocultando su verdadera calidad, no por ello se está apartando de los efectos y cumplimiento del mandato.

 

De tal suerte que al contratar lo hace en su propio nombre, y frente al mandante está cumpliendo con la obligación que se deriva del contrato de mandato, cual es la de hacer uno o varios negocios jurídicos para el mandante... Otra cosa es que los efectos de ese acto, frente al tercero, se consideren como propios del mandatario, por cuanto a aquel no se le puede exigir que conozca, de antemano la calidad o condición con que está obrando la persona con quien celebra el negocio.

 

Por eso hay siempre representación y esta hay que mirarla con relación al mandante y al mandatario y no respecto de los terceros. Así si el mandatario contrata en su propio nombre, en cumplimiento del mandato conferido, no por ello deja de representar al mandante, quien puede exigir, luego, el cumplimiento del contrato...”. Es decir, la esencia del contrato de mandato es la gestión del mandatario quien obra como tal precisamente en desarrollo del contrato de mandato, no puede en rigor legal afirmarse que cuando el mandatario no ostenta su calidad frente al tercero no existe contrato de mandato, “el artículo 2177 del Código Civil solo sirve para advertir los efectos de la gestión cuando se hace a título personal por el mandatario, esto es, no obligando a los terceros frente al mandatario, pero sí dejando la obligación frente al mandante. La contratación en su propio nombre es representativa, por cuanto está cumpliendo con el mandato, y bajo los efectos anotados de poder exigir, el mandante, el cumplimiento del contrato a pesar de haber ocultado respecto a terceros la calidad de tal. Por el hecho de que el mandatario contrate en su propio nombre, no deja por eso de representar, indirecta o tácitamente, al mandante.

 

Lo que el artículo 2177 pretende señalar es la incidencia de la gestión frente al tercer contratante. Por eso es pertinente establecer que cuando el mandatario gestiona a nombre del mandante, comprometiendo frente a terceros la órbita patrimonial de éste, estamos frente a la representación directa o inmediata, y cuando el mandatario oculta la calidad de tal y contrata en su propio nombre, nos colocamos en la representación indirecta o mediata. Pero siempre bajo los supuestos de la representación...” página 451 Ob. Cit. Entonces, la diferencia entre el contrato de mandato en el cual el mandatario revela su calidad y aquel en el que actúa sin ostentar la misma, son los efectos del negocio realizado frente a terceros; pero no puede afirmarse que cuando el mandatario ha contratado en su propio nombre el mandato no sea representativo y que no se den los efectos del contrato de mandato.

 

En efecto, si bien el mandante no tiene acción alguna respecto de los terceros para beneficiarse de los efectos del mandato, sí la tiene en relación con el mandatario, cuando éste se muestra renuente a desplazarle y concederle los derechos derivados de la convención celebrada en esas condiciones. Ello por cuanto en el contrato de mandato el mandatario siempre obra por y para el mandante y como consecuencia del contrato suscrito con aquel. Ahora bien, como quiera que el inciso 5º del artículo 6º del Decreto 197 de 1999 no establece, para efectos de la exención del impuesto de timbre, que los contratos de mandato celebrados por el Forec y las entidades públicas o privadas con el fin de cumplir el principal deban ser con representación, no es dable vía interpretación establecer tal distinción ya que como bien lo expresa el artículo 27 del Código Civil “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu...”. Atendiendo lo dispuesto en el inciso segundo de la misma norma debe consultarse su espíritu cuando establece: “...Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

 

En este contexto, es claro que la intención perseguida por el Gobierno Nacional al declarar la emergencia económica y social, fue dotar de mecanismos para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, para lo cual se creó el Forec cuyo objeto es la financiación y realización de las actividades necesarias para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región del eje cafetero afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999. Por lo mismo, dispone el artículo 6º del Decreto 197 de 1999 que los contratos que celebre el fondo para el cumplimiento de su objeto, con entes públicos o privados, cualquiera sea su índole o cuantía no causan el impuesto de timbre. Es indudable que al celebrar contratos de mandato con o sin representación con las ONG, que tengan por objeto cumplir el fin perseguido en el acto de su creación, está desarrollando la actividad que justifica su existencia.

 

Por lo expuesto, se considera que los contratos suscritos entre el Forec y las ONG se encuentran excluidos del impuesto de timbre, como lo están igualmente los contratos suscritos entre las ONG y terceros cuando las ONG actúan en desarrollo de los contratos de mandato. En este sentido estima el Despacho que debe reconsiderarse la doctrina expuesta en el problema jurídico número 1 del Concepto 19123 de septiembre 27 de 1999 y 18791 de 2001. No obstante lo anterior, es de especial importancia señalar que mediante el concepto número 80928 de septiembre 5 de 2001 este Despacho al analizar la vigencia del Decreto 197 de 1999, consideró que la exclusión del impuesto de timbre nacional respecto de contratos celebrados por el Forec, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2000, lo que indica que a partir de esa fecha los contratos en estudio, se someten al impuesto de timbre nacional. Para mayor ilustración, se anexa. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se revoca el problema jurídico número 1 del concepto 19123 de septiembre 29 de 1999 y el concepto 18791 de 2001 y los demás que le sean contrarios”. (DIAN, Conc. 003264, ene. 21/02. Promulgado Diario Oficial No. 44692 del 30 de enero de 2002).

003264


[&11255]
OPINIÓN DE LA DIAN - No se encuentran exentos del impuesto de timbre los contratos suscritos por las ONG actuando como mandatarias del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, con posterioridad a diciembre 31 de 2000.—  

(...) “Se plantea en esta oportunidad que dado que a 31 de diciembre de 2000 no se concluyó la reconstrucción del Eje Cafetero, la vigencia del Decreto Legislativo que concede la exención debe ser mayor y por el tiempo que dure la mencionada reconstrucción.                                                                                                     

 

Frente a lo planteado resulta de especial importancia señalar que en un Estado social de derecho, como lo es el colombiano, se impone el respeto por la legalidad y la Jerarquía de las normas jurídicas, las cuales según la pirámide de Kelsen tienen soporte en la Constitución pues en ella descansa la validez de todas las demás normas.

 

Por ello, como claramente se indicó en el Concepto número 80928 de 2001, y tal y como expresamente lo señaló el artículo 8° del Decreto Legislativo 197 de 1999, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política, las disposiciones a que se refería el artículo 6º del mencionado Decreto Legislativo 197 de 1999, dejarían de regir al vencimiento de la vigencia fiscal del año 2000, salvo que el Congreso de la República las hubiera declarado de carácter permanente; situación esta que no aconteció.

 

En tal virtud, la ocurrencia de situaciones fácticas tal como que la reconstrucción de la zona cafetera no se haya concluido a 31 de diciembre de 2000, no puede ser argumento válido para extender la vigencia de una disposición, en desconocimiento del mandato constitucional.

 

Por lo anterior, se ratifica la doctrina expuesta por esta Oficina en los Conceptos números 80928 de 2001 y 3264 de 2002 en el sentido de que los contratos realizados por las ONG actuando en calidad de mandatarias del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, estuvieron exentos del impuesto de timbre hasta el 31 de diciembre de 2000; los celebrados con posterioridad a dicha fecha, no gozan de la exención y se regirán por las reglas generales que regulan el mencionado impuesto”. (DIAN, Conc. 028533, mayo 15/02. Promulgado Diario Oficial No 44.809 del 23 de mayo de 2002)

028533


[&11266]
D.R. 2076/1992. 

 ART. 34. Impuesto de timbre en contratos de suministro de combustibles.— En los contratos cuyo objeto sea el suministro de combustibles derivados del petróleo sometidos al control oficial de precios, el impuesto de timbre se causará a la tarifa prevista en la ley sobre los márgenes de comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía incorporados dentro del respectivo contrato.


[&11267]
D.R. 602/1992. 

ART. 5°. Impuesto de timbre en contratos de colocación de acciones, bonos o papeles.—  En las operaciones del mercado de capitales mediante las cuales una entidad financiera o comisionista de bolsa, se compromete a colocar valores de otra entidad, de timbre se causará a la tarifa prevista en la ley aplicada sobre la remuneración que corresponda según el respectivo contrato, a favor de la entidad financiera o comisionista de bolsa.


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