ESTATUTO TRIBUTARIO > LIBRO PRIMERO > TÍTULO I > Capítulo V — Deducciones > Los aportes parafiscales son requisito para la deducción de salarios.—
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ART. 108. | Los aportes parafiscales son requisito para la deducción de salarios.— [&1604]

Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), al Instituto de Seguros Sociales, (ISS), y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o período gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituirán prueba de tales aportes.

 

Agregado. L. 223/95, art. 83.— Los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.

 

Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos remunerados es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las cajas de compensación familiar.

 

PAR.— Para que sean deducibles los pagos efectuados por los empleadores, cuyas actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la minería, la avicultura o la apicultura, a que se refiere el artículo 69 de la Ley 21 de 1982, por concepto de salarios, subsidio familiar, aportes para el SENA, calzado y overoles para los trabajadores, es necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente los aportes ordenados por la citada ley.



PAR. 2°. Agregado L. 1393/2010, art. 27.— Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo se entenderá que tales aportes parafiscales deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda.

 

PAR. 3º. Agregado. L. 1607/2012, art. 34*.— Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los salarios pagados cuyo monto no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (&14962)


:: CONCORDANCIAS

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NOTA 

*: Esta norma se aplica a partir del período 2013.


COMENTARIOS.—  

1. El art. 27 de la L. 1393/2010 condiciona la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, a la verificación de la afiliación y pago de los aportes a la protección social que debe realizar el contratista. No obstante, la aplicación de esta norma estará sujeta a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
 
2. El parágrafo 2° del art. 108 del Estatuto Tributario había sido modificado por el art. 3° del D.L. 129/2010, condicionando igualmente la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes a la verificación de la afiliación y pago de los aportes a la protección social. Esta disposición estuvo vigente desde la fecha de su promulgación (enero 21 de 2010) hasta la ejecutoria de la Sentencia C-291/2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, que declaró su inexequibilidad (junio 22 de 2010).


[&1604-1]
L. 1393/2010. 

ART. 26. La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional podrá adoptar mecanismos de retención para el cumplimiento de estas obligaciones, así como de devolución de saldos a favor.

 


[&1604-2]
L. 1393/2010. 

ART. 30.— Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración.

 


[&1604-3]
L. 1450/2011. 

ART. 162. Sistemas Unificados de Retención.— El Gobierno Nacional podrá establecer sistemas unificados de retención en la fuente de impues­tos y contribuciones parafiscales a la protección social de acuerdo con el reglamento que expida sobre la materia. Su consignación se efectuará a través de los mecanismos previstos en la normatividad vigente.


[&1604-4]
D.R. 1070/2013. 

ART. 3º. Reformado. D.R. 3032/2013, art. 9º. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social.De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su liquidación y pago en lo relacionado con las sumas que son objeto del contrato, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.
 
Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, las demás normas vigentes sobre la materia, así como aquellas disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
 
PAR.— Esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos mensuales sean inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv).


[&1605]
JURISPRUDENCIA - Los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario no hacen parte de la base para liquidar los aportes al SENA.— 

“(...) Toda vez que la litis se centra en determinar la legalidad de los actos acusados, en cuanto incluyeron dentro de la base de aportes al SENA las partidas correspondientes a bonificación ocasional de semana santa, primas extralegales y prima de vacaciones, acordadas como consta en los contratos allegados al expediente, como no constitutivas de salario, advierte la Sala en relación con tales partidas, que en los términos del artículo 17 de la Ley 344 de 1996, aplicable para el año de 1997, era válido acordar entre los trabajadores y la sociedad, que nos son constitutivas de salario, como también lo prevee el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, y dicho acuerdo es suficiente para que no pueden (sic) incluirse en la base de liquidación de los aportes al SENA.(...)” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Germán Ayala Mantilla, sentencia de septiembre 12/2002*, Exp. 12761)

NOTA*: En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante sentencia de octubre 16 de 2009, Exp. 16643. El texto completo de esta sentencia puede encontrarlo en Normatividad de la página web www.tallerjuridico.com


[&1606]
JURISPRUDENCIA - Son deducibles del impuesto sobre la renta los pagos efectuados a los trabajadores por mera liberalidad del empleador.— 

“(...) En el caso en estudio, la DIAN interpretó en el concepto cuestionado que los pagos efectuados a los trabajadores a título de participación de utilidades y bonificaciones ocasionales, no eran deducibles el Impuesto sobre la Renta al adolecer del presupuesto de necesidad, ya que no son  indispensables o imprescindibles para la producción de la renta.

 

La Sala observa que dentro del marco de remuneración de un trabajador pueden existir partidas que no constituyen factor salarial o prestacional, pero que sin embargo están inmersas dentro del concepto de pagos de índole laboral, cualquiera que sea su denominación (bonificaciones ocasionales o participación de utilidades).

 

En efecto, no puede desconocerse que en la flexibilidad de las relaciones laborales, las partes pueden decidir que ciertos emolumentos no constituyan factor salarial, ni prestacional, sin que por ello se aparten de la finalidad de remunerar la labor ejecutada por el trabajador y por ende hagan parte de ingresos laborales sometidos a retención en la fuente.

 

Por tanto, se precisa que para que los pagos laborales sean deducibles en materia de Impuesto sobre la Renta deben cumplir con los presupuestos esenciales de causalidad, necesidad y proporcionalidad para ser aceptados fiscalmente como gastos, de acuerdo con los parámetros concebidos por el legislador en el artículo 107 del Estatuto Tributario y así los extraordinarios lo son solamente cuando están vinculados los beneficiarios con la actividad productora de renta e inciden en la generación del ingreso sometido a gravamen, lo cual debe analizarse en cada caso concreto, con base en las amplias facultades de investigación y fiscalización de la Administración (684 E.T.).

 

En tales condiciones bien pueden existir pagos laborales esporádicos u ocasionales, sin que pierdan la connotación de necesarios, toda vez que son susceptibles de generar o ayudar a generar el ingreso en la actividad  productora de renta del contribuyente, sin desatender al criterio de proporcionalidad.

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que el concepto demandado desbordó el alcance interpretativo del ‘articulo 107 ib. al negar de manera general el carácter de deducibles en el Impuesto sobre la Renta de los pagos efectuados al trabajador a titulo de participación de utilidades y bonificaciones ocasionales, ya que al provenir de una relación laboral entre la empresa y sus empleados como forma de remuneración por el servicio prestado, independientemente de que no sean salario ni factor prestacional, constituyen pagos laborales que necesariamente inciden en la generación del ingreso y por ende son gastos que aminoran la base gravable de imposición, conforme a lo analizado.

 

De otra parte, no debe perderse de vista que a la luz del artículo 87-1 ibídem, los contribuyentes no pueden solicitar como costo o deducción, los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma al empleado que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales, salvo los no gravados o exentos en cabeza del trabajador.

 

En consecuencia, para la Sala el concepto No, 057621 de septiembre 12 de 2003 desconoció los parámetros legales contemplados en el artículo 107 del Ordenamiento Fiscal, razón por la cual se declarará su nulidad” . (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, sentencia de octubre 13/2005, Exp. 14372). (&1289 y 15239)

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[&1606-1]
JURISPRUDENCIA - Las bonificaciones habituales pueden ser deducibles, si se pactan como pagos no salariales.—  

Las bonificaciones que son objeto de controversia en el sub examine, corresponden a aquellas que (…) pactó expresamente en los contratos laborales que serían reconocidas a sus trabajadores y que no serían factor salarial.
 
Sin embargo, la demandada encuadró tales pagos en la primera parte del artículo 128 C.S.T., porque fueron denominadas contractualmente como “bonificaciones” y respecto de ellas la norma exige que para que no constituyan salario deben ser pagadas ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador. En el caso, como se estableció que el pago de las bonificaciones fue habitual y no ocasional, la DIAN concluyó que eran salario, según el artículo 127 C.S.T., apoyado además, en lo que sobre el tema de bonificaciones se analizó en la sentencia del 3 de julio de 1996, antes citada.
 
Para la Sala, el análisis jurídico y probatorio que realiza la Administración carece de sustento fáctico y legal.
 
Lo anterior, porque la demandante probó que las bonificaciones habían sido expresamente acordadas en los contratos laborales como factores no constitutivos de salario, lo que las ubica en lo dispuesto en el aparte final de la norma.
 
Además, el artículo 128 C.S.T. debe interpretarse según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, que permite a los empleadores acordar con sus trabajadores los pagos que no constituyen salario dentro de la relación laboral, sin que allí se hayan señalado o indicado taxativamente los beneficios que podían o no excluirse del factor salarial.
 
Entonces, con la interpretación propuesta por el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, es suficiente con que se demuestre la existencia de un acuerdo, bien sea convencional o contractual, en el que las partes hayan estipulado expresamente que determinados pagos no constituyen salario, para que puedan ser excluidos válidamente de la base para liquidar los aportes y ello no sea requisito para solicitar su deducción.
 
Además, no es aplicable al caso, lo considerado por esta Corporación en la sentencia del 3 de julio del 2002, pues aunque en ella se discutió si las bonificaciones extralegales que pagaba la sociedad actora en ese proceso a sus trabajadores, eran o no salario, el análisis de la Sala se hizo con fundamento en la primera parte del artículo 128 C.S.T. Es decir, se estudió si eran pagadas ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador, porque sobre tales bonificaciones no existía acuerdo contractual ni convencional entre las partes en la relación laboral. Lo anterior, demuestra que la situación fáctica que fue valorada en la mencionada sentencia, es diferente a la que se analiza en el sub examine. (…)
 

Así, pues, lo antes expuesto resulta suficiente para concluir que de conformidad con los artículos 128 C.S.T. subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el 17 de la Ley 344 de 1996, los pagos que realizó (…), por concepto de bonificaciones estipuladas en los contratos laborales, no constituían base salarial para calcular los aportes parafiscales, por lo que, para su deducción no era requisito demostrar el pago de dichos aportes”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño, sentencia julio 08/2010, Exp. 17329) (&1548)

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[&1606-2]
JURISPRUDENCIA - La indemnización por despido injustificado no constituye salario, es un pago laboral que no es deducible.— 

 “(…) En primer lugar, aclara la Sala que, conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

 
Y según el 128 ibídem, no son salarios las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares). Tampoco son salario las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie.
 
De acuerdo con los anteriores conceptos, las indemnizaciones por despido no son salario, pues, su pago no obedece a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó, sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador a lo pactado en el contrato.
 
En efecto, según el artículo 64 del código Sustantivo del Trabajo “(…) En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización (…)”
 
Como lo precisó la Sala en sentencia de 23 de junio de 2005, que ahora se reitera, los pagos laborales por concepto de indemnizaciones por retiro no constituyen elementos integrantes de salario, porque “el concepto de indemnización está integrado por el daño emergente y el lucro cesante, elementos que (…) no corresponden a la contraprestación del servicio, sino a la necesidad de reparar los perjuicios que se originan para el trabajador, por la terminación unilateral del contrato laboral, sin justa causa (…)”.
 
No obstante, la indemnización por retiro es un pago laboral, por lo que para su deducibilidad debe tenerse en cuenta si se cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
 
Las deducciones, como tales, corresponden a todos aquellos gastos autorizados legalmente y generados de manera forzosa en la actividad productora de renta, que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, pueden restarse de la renta bruta para obtener la renta líquida.
 
De acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario, son deducibles en renta (…). Así pues, la relación de causalidad, necesidad y la proporcionalidad deben concurrir para que el gasto se acepte como deducible.
 
La relación de causalidad se entiende como el nexo causal existente entre el gasto y la renta obtenida, es decir que, no es posible producir renta, si no se incurre en el gasto. Se trata entonces de un vínculo o correspondencia entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario), de la cual proviene la renta, de modo que, para que un gasto sea deducible debe corresponder a las expensas normalmente acostumbradas dentro de cada actividad económica, ya que son el antecedente necesario (causa) de la producción del ingreso (efecto) por el desarrollo de dicha actividad.
 
Así pues, la relación de causalidad refiere a la vinculación de necesidad entre la actividad productora de renta y el motivo de las expensas, de tal forma que para la generación de la renta, dichas expensas deben realizarse.
 
Por su parte, el criterio de necesidad implica que el gasto interviene de manera directa o indirecta en la obtención efectiva de la renta, o sea que ayuda a producirla, en oposición al gasto meramente útil o conveniente.
 
Es decir que, bajo el criterio de necesidad, las expensas son las normales y estrictamente requeridas para comercializar o prestar el servicio, por lo que sin ellas los bienes o servicios no quedan listos para su enajenación o prestación, ni se conservan en condiciones de comercialización. Bajo tal perspectiva, no pueden deducirse gastos, erogaciones o salidas de recursos suntuarios, innecesarios o superfluos, que coadyuven a producir, comercializar o mantener el bien o el servicio en condiciones de utilización, uso o enajenación, es decir, que no se requiera incurrir con miras a obtener una posible renta.
 
El gasto necesario es, pues, el normal para producir o facilitar al generación de la renta por parte de la actividad generadora de la misma, y lo normalmente acostumbrado en la correspondiente actividad empresarial, concepto que describe los gastos que ordinariamente tienen que efectuar las sociedades para su normal funcionamiento, comercialización o financiación, y no para su producción o fabricación.
 
El requisito de la necesidad del gasto debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera, basta con que sea susceptible de generarlo o de ayudar a generarlo. La expensa normal o necesaria no siempre requiere regularidad en el tiempo, es decir, se puede realizar en forma esporádica pero debe estar vinculada a la producción de la renta, y lo que importa es que sea “comercialmente necesaria”, según las costumbres mercantiles de la actividad respectiva. De esta forma el gasto necesario se opone al meramente extraordinario.
 
Por último, la proporcionalidad indica que el gasto debe ser razonable, esto es, la relación que existe entre la magnitud del gasto y el beneficio que puede generarse con el mismo. De acuerdo con ello, la expensa debe guardar una proporción razonable con el ingreso, debido a que la erogación tiene un límite máximo, que se mide por la relación existente entre su magnitud y el beneficio que puede generarse.
 
Esa magnitud, al igual que la necesidad del gasto, debe medirse y analizarse en cada caso de acuerdo con la actividad económica, conforme con la costumbre comercial del sector al cual pertenece, de manera que la rigidez normativa cede ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, dado que, según el artículo 3 del Código de Comercio, dicha costumbre “tiene la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella”.
 
Ahora bien, ha dicho la Sala que los trabajadores son los productores de la renta objeto de imposición, de allí que la jurisprudencia acepte la deducción del pago de bonificaciones ocasionales o participación de utilidades pagadas, siempre que el contribuyente demuestre que esos pagos son necesarios y proporcionales de acuerdo con la costumbre mercantil. Igualmente, ha señalado que dentro del marco de remuneración de un trabajador pueden existir partidas que no constituyen factor salarial o prestaciones, pero que, sin embargo, están inmersas dentro del concepto de pagos de índole laboral, cualquiera que sea su denominación.
 
Dentro de ese contexto se ha precisado que los pagos extraordinarios sólo son deducibles cuando los beneficiarios están vinculados con la actividad productora de renta e inciden en la generación del ingreso sometido a gravamen. En consecuencia, los pagos laborales esporádicos u ocasionales pueden ser necesarios en la medida de que generen o ayuden a generar el ingreso en la actividad productora de renta.
 
La indemnización por despido, según se precisó no corresponde a la contraprestación del servicio, sino a la necesidad de reparar los perjuicios que se originan para el trabajador, por la terminación unilateral del contrato laboral.
 
Siendo ello así, respecto de esa indemnización no puede configurarse el criterio en virtud del cual acepta la relación de causalidad y necesidad de los pagos extraordinarios provenientes de la relación laboral, con la actividad productora de renta.
 
Lo anterior, porque sin dicho pago es totalmente viable producir renta, pues, no es la causa del ingreso por el desarrollo de la actividad. Además, no es un gasto normal o usual para producir o facilitar la generación de la renta, pues, las indemnizaciones por despido injusto no intervienen, se insiste, en la producción de la renta ni ayudan a generarla. Sencillamente son pagos que tienen el carácter de indemnizatorio y en ellos debe incurrir el empleador cuando desvincula al trabajador en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
 
El hecho de que legalmente se deba la indemnización no la convierte en indispensable para facilitar la generación de la renta, como lo es el pago de cualquier sanción que deba sufragar el contribuyente por sus acciones u omisiones en los diferentes aspectos del desarrollo de su actividad económica.
 
Finalmente, aceptar la deducibilidad del pago laboral que tiene un carácter sancionatorio como el que se discute, implicaría la concesión de un beneficio tributario a quien por su causa da lugar al pago de la indemnización.
 
En consecuencia y por no cumplirse los requisitos de causalidad y necesidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, procedía el rechazo de la deducción por pagos laborales como lo dispuso la DIAN.
 
En relación con la sanción por inexactitud, la Sala precisa que también procede su imposición, pues se configura el hecho sancionable del artículo 647 ibídem, dado que se incluyeron deducciones inexistentes. Y no hay lugar a plantear diferencia de criterios en torno al derecho aplicable, sino desconocimiento del artículo 107 ajusdem, por parte de la actora (…)” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz, sentencia de noviembre 26/2009, Exp. 16877) (&1548 y 14641)

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[&1606-3]
OPINIÓN DE LA DIAN - Son deducibles las indemnizaciones por despido justificado o injustificado.— 

“Por excepción, la ley permite la deducción de algunos gastos que no tengan relación de causalidad con la renta, pero se encuentran delimitados en la ley. Si no es así, debemos atenernos al enunciado del artículo 107 del estatuto Tributario, según el cual, (…).
 
No hay duda de que el pago de las indemnizaciones por despido justificado o injustificado provienen de una relación laboral o reglamentaria, y todos los pagos provenientes de esta relación son deducibles, por existir relación de causalidad”. (DIAN, Conc. 094762 sept. 28/2000)  (&1548)
 
NOTA *: El Concepto 094762 de 2000 fue ratificado por la DIAN mediante Concepto 060950 del 24 de agosto de 2010, el cual puede encontrarse haciendo click aquí.

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[&1607]
JURISPRUDENCIA - Las vacaciones compensadas en dinero forman parte de la base para la liquidación de los aportes al SENA.— 

“(...) son salario todos aquellos pagos que impliquen retribución del servicio, cualquiera sea la denominación que se adopte y cuyo pago se realice regularmente o en forma habitual y por el contrario, no constituyen salario aquellas sumas que ocasionalmente  y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. 

 

Es claro igualmente que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, los pagos por descansos remunerados están incluidos como factor salarial para efectos de los aportes al SENA. (...)

 

Según lo anterior, a juicio de la Sala no puede considerarse que la compensación en dinero de las vacaciones de los trabajadores en misión correspondan a una indemnización. Su satisfacción atiende, no por la existencia de un perjuicio o daño, sino por la naturaleza misma de temporal del empleo y está consagrada como un derecho para esta clase de trabajadores, como es un derecho para los trabajadores de planta, disfrutar de las vacaciones anuales remuneradas.

 

De otra parte, el pago de las vacaciones que no son disfrutadas en tiempo en virtud del contrato de  trabajo cuyo objeto es la prestación de servicios temporales, tampoco puede considerarse co-mo un pago ocasional o por mera liberalidad del empleador, toda vez que la naturaleza misma de temporal, excluye la posibilidad de que el empleador pueda escoger entre una u otra opción.

 

(...) las vacaciones no pueden ser compensadas en dinero, salvo, el caso en que el contrato de trabajo termine sin que el trabajador haya disfrutado de sus vacaciones, como el caso de los trabajadores en misión, evento en el cual habrá lugar a su compensación en dinero por el año de servicios cumplido y en proporción por fracción de año, siempre que el contrato sea superior a 3 meses”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Sentencia de noviembre 12/2003, Expediente 13348)


[&1607-1]
OPINIÓN DEL MINPROTECCIÓN SOCIAL - Las vacaciones (disfrutadas o compensadas) no forman parte de la base para la liquidación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud o Pensiones.—  

"(...) Ahora bien, en relación con las vacaciones, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, mediante Sentencia de junio 11 de 1959, señaló lo siguiente:

 

"Tampoco resulta adecuado considerar las vacaciones o su compensación en dinero como salario, porque es de la naturaleza de éste que "implique retribución de servicios", lo cual quiere decir que su causa radica en la efectiva realización de una labor. Siendo en esencia el salario una retribución de servicios mal puede sostenerse que las vacaciones - en los dos eventos de su goce-efectivo o de su compensación monetaria - equivalgan a aquel, ya que en tales casos desaparece necesariamente el elemento esencial del servicio. Puede decirse que las vacaciones y los dominicales y demás días de fiesta legales son descansos remunerados, pero tal remuneración - por el receso de la actividad laboral - no ostenta la esencia salarial de retribución de servicios. El salario en estos casos no es más que una medida o módulo para remunerar el descanso, pero no es en esencia un salario". (resaltado fuera de texto).

 

A partir de la citada jurisprudencia y de las normas transcritas, puede señalarse claramente que las sumas pagadas por concepto de vacaciones (disfrutadas o compensadas), no constituyen factor salarial, esto es, no hacen parte integrante del salario, toda vez que las vacaciones son un descanso remunerado y no retribuyen la prestación del servicio.

 

De otra parte, el segundo inciso del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, señala en relación con las cotizaciones durante las vacaciones y permisos remunerados, lo siguiente:

 

“ARTICULO 70. COTIZACIÓN DURANTE LAS VACACIONES. Las cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos".

 

En este orden de ideas y partiendo de la base de que lo cancelado por vacaciones o su compensación no es factor salarial, puede señalarse que dichos conceptos no pueden ser tenidos en cuenta como parte integrante del salario para calcular sobre éste, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud o Pensiones.

 

Por consiguiente, se concluye frente al caso objeto de consulta que las cotizaciones a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones se calcularán sobre el salario mensual que el trabajador devengue, salario que no puede ser otro distinto al regulado en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Conc. 202467, jul. 18/2008)

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[&1608]
JURISPRUDENCIA - No existe una tarifa legal para probar el pago de los aportes parafiscales. En el caso de acuerdos de reestructuración deberá probarse la inclusión de todos los aportes parafiscales debidos en el periodo gravable.—  

“A juicio de la Sala, la actuación demandada se ajustó a derecho, pues el rechazo de la deducción no se debió a que la DIAN hubiese exigido el pago de los aportes parafiscales o a que el demandante estuviera a paz y salvo por este concepto; se fundamentó en no haberse acreditado que todos los aportes debidos por el año gravable 2001 fueron incluidos en el acuerdo de reestructuración aceptado por la Cámara de Comercio de Bogotá mediante resolución 00147 de 26 de agosto de 2004. (…)
 
En efecto, la Administración, con base en los elementos de juicio que reunió para decidir el recurso de reconsideración, estableció el monto de los pagos laborales procedentes conforme a la proporción de los aportes que fueron objeto del acuerdo de reestructuración y que fueron discriminados, lo cual corresponde a los principios de justicia y equidad tributaria, pues se determinó la carga tributaria según la realidad que pudo probarse, aunque parcialmente.
 

Como se pronunció la Sala en sentencia de 12 de marzo de 2009, una interpretación de los artículos 108 y 664 del Estatuto Tributario en concordancia con el espíritu de justicia que debe regir la determinación de los impuestos, permite considerar que en la medida en que se prueben los pagos a la seguridad social y a las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales, así sea parcialmente, procede el reconocimiento de la deducción por salarios en forma proporcional a lo que se acredite según los porcentajes de las cotizaciones, y no hay lugar a su desconocimiento total por falta de los certificados de “paz y salvo” de las entidades beneficiarias, pues además de que la Ley no consagra una tarifa legal de prueba, existen otros documentos, como las planillas de aportes o los recibos que expiden las entidades respectivas, suficientes para acreditar el pago de los aportes parafiscales. Aunque en este caso, no era el pago de tales aportes lo que se requería, sino la certeza de que el monto total adeudado por el año gravable 2001 fue incluido en el acuerdo de reestructuración, el mismo criterio permite considerar que, probaba la inclusión de toda la deuda, se podía reconocer el total de la deducción solicitada; pero, como sólo se probó parcialmente, así lo tuvo en cuenta la DIAN en la decisión del recurso. En consecuencia, el acto demandado se ajustó a derecho”. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia marzo 04/2010, Exp. 17074) (&14962)

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[&1608-1]
OPINIÓN DE LA DIAN - Procedencia de la deducción por salarios, tratándose de empresas que se encuentren en acuerdo de reestructuración.— 

(...) “De las anteriores normas tributarias, se deduce que indefectiblemente el empleador que solicite deducción por salarios, debe encontrarse a paz y salvo con las entidades recaudadoras de los aportes parafiscales y ante la administración tributaria debe acreditarse con los recibos de pago correspondientes, hasta la respuesta al requerimiento especial.

 

Surge ahora la pregunta en el sentido de sí se debe cumplir tal exigencia cuando por estar una empresa en acuerdo de reestructuración y dentro de él hallarse incorporadas las deudas por aportes parafiscales, debe la Administración de Impuestos rechazar los salarios correspondientes.

 

Es sabido que el objeto de los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999, es el de corregir las deficiencias que las empresas presenten en su capacidad de operación para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en los mismos.

 

Según se desprende de la normatividad de la ley citada, así como del artículo 33, las acreencias para-fiscales también entran en tales convenios por lo cual deben sujetarse a todas las reglas, tanto los empresarios como los acreedores respecto a las obligaciones contenidas en el acuerdo en cuanto a plazos, rebajas, disminución de intereses, etc., salvo las excepciones expresamente previstas en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social (art. 34, num. 8, L. 550 de 1999).

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la Ley 550 y las obligaciones que surgen para quienes se encuentran dentro de los acuerdos, si para pagar una obligación parafiscal se ha concedido un plazo y a él obligatoriamente deben sujetarse el deudor y el acreedor, sería imposible dar cumplimiento estricto a los artículos 108 y 664 del Estatuto Tributario pues es de suponer que una empresa bajo acuerdo de reestructuración no puede cancelar los aportes parafiscales que al mismo tiempo se encuentran dentro de las acreencias. Debe tenerse en cuenta además, que el artículo 79 de la ley que se comenta, al determinar su vigencia, dispone que regirá durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias.

 

Considera el Despacho, que mientras los artículos 108 y 664 del Estatuto Tributario exigen estar a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales con el fin de aceptar la deducción por salarios, en la Ley 550 se permite acordar plazos para el pago de los mismos siendo el acuerdo obligatorio, como se manifestó anteriormente. Existe entonces, una diferencia normativa, por lo cual debe darse la prelación a la ley de Intervención Económica, por lo cual y atendiendo al artículo 79 por lo que, debe aceptarse la deducción propuesta por salarios cuando la empresa se encuentre en las circunstancias anotadas.

 

Sin embargo, debe aclararse que esta aceptación de la deducción por salarios en los términos aquí dichos, debe referirse a aquellas declaraciones de renta y complementarios sobre las cuales no se haya dado respuesta al requerimiento especial antes de la fecha de la iniciación de la negociación, porque si así ha ocurrido y no se acreditó el pago de los aportes parafiscales, no procede la deducción. Si no se ha dado respuesta al requerimiento dentro de los términos legales y se inicia la negociación, se debe proceder según lo manifestado, teniendo en cuenta que el artículo 17 de la Ley 550 de 1999, prohíbe al empresario, a partir de la fecha de negociación efectuar compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de obligaciones a su cargo.

 

Por lo anterior, se revoca el Concepto número 071467 de agosto 8 de 2001”. (DIAN, Conc. 010482, feb. 20/02, Promulgado Diario Oficial No. 44.726 del 1 de marzo de 2002). (&14962)

010482


[&1609]
OPINIÓN DE LA DIAN - Deducción de salarios de trabajadores extranjeros.— 

“(…)  Argumenta que en el pronunciamiento cuya reconsideración pide, se desconoce que tratándose de empleados extranjeros, el régimen legal laboral contempla algunos tratamientos excepcionales.

 

Fundamenta su dicho en que el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, al referirse a los afiliados al Sistema General de Pensiones precisa que existen dos tipos de afiliados:

 

(…) 2. Los afiliados voluntariamente, donde se ubican todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley. Asimismo, los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro. (…)

 

Sin embargo, efectuado el análisis de las disposiciones relativas a la seguridad social, encuentra el despacho, que en razón de las prescripciones del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, le asiste razón al solicitante cuando afirma, que tratándose de trabajadores extranjeros en Colombia que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país, el régimen laboral reconoce que si los mismos están afiliados a un régimen de seguridad social en pensiones en el extranjero, no es obligatorio que se afilien y coticen a nuestro sistema de seguridad social de pensiones. Es por lo anterior que el artículo 15 citado  preceptúa, que podrán afiliarse voluntariamente los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.

 

Por lo anteriormente expuesto, se aclara la tesis jurídica número 2 del Concepto número 002461 del 19 de enero de 2005, en el sentido de que los aportes parafiscales correspondientes al sistema general de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, no constituyen requisito para la deducción de salarios pagados a trabajadores extranjeros afiliados a un régimen de pensiones en el exterior”. (DIAN, Oficio 068352, sep. 23/2005. Promulgado Diario Oficial No. 46.071 del 24 de octubre de 2005).

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[&1610]
JURISPRUDENCIA - Los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores son deducibles del impuesto sobre la renta, por cumplir los requisitos del art. 107 del E.T.— 

“(…) Se debate en la presente instancia la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos Nacionales rechazó para el período gravable 2001, las deducciones (i) por pago de medicina prepagada de la demandante a sus trabajadores, (…).

 
Antes del análisis de cada una de las deducciones la Sala aclara que para todas ellas aplica lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, disposición que consagra los requisitos que debe reunir cada costo y/o gasto para poder ser deducido en el proceso de depuración de la renta.
 
Según esta norma, cualquier erogación (i) debe haber sido realizada, teniendo en cuenta el sistema de causación, (ii) debe ser necesaria para producir el ingreso, (iii) debe ser proporcional y (iv) debe tener relación de causalidad con el ingreso obtenido.
 
1.        Deducción por pago de medicina prepagada:
 
La deducción por pago de medicina prepagada fue rechazada porque la Administración consideró que no reunía los requisitos consagrados en el citado artículo 107 del Estatuto Tributario.
 
Observa la Sala que los pagos en medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5º, el cual consagra que (…)
 
Conforme a la definición transcrita los pagos que por concepto de servicios de salud por medicina prepagada realiza el empleador para sus trabajadores, constituyen un gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción a la luz del artículo 107 del E.T., toda vez que entre este gasto y la actividad de la empresa generadora de renta, consistente en la comercialización de productos farmacéuticos, existe una relación de causalidad. Además como adelante se expondrá ésta fue una expensa necesaria y proporcional.
 
(…).
 
Este servicio de medicina prepagada se estima como una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la empresa, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito.
 
Sobre este punto, la Sala también ha señalado que “el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa”.
 
(…).
 
En consecuencia, (…) al constituirse la erogación de medicina prepagada por parte del empleador para sus trabajadores, en un pago laboral, necesario, proporcional y estrechamente relacionado con la actividad generadora de renta, debe ser considerado como una deducción.(…)”.(Consejo de Estado, Sección Cuarta, C. P. William Giraldo Giraldo, sentencia de agosto 13/2009, Exp. 16217) (&1104, 1111, 1325, 7275, 7276 y 7380)

Ver texto completo


[&1611]
OPINIÓN DE LA DIAN - Procedimiento Tributario. Verificación afiliación y pago aportes a la seguridad social.— 

“(...) En estos términos, para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas naturales por concepto de contratos de prestación de servicios cuya duración sea superior a tres (3) meses, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social. Para el efecto, las normas no hacen ninguna distinción ni en la forma en que se pacte el servicio, ni en los elementos o maquinaria utilizada para su prestación.

Así mismo, de las disposiciones trascritas se advierte que solamente en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por parte de personas naturales que no tengan vinculación laboral, legal o reglamentaria con el contratante y cuya duración supere los tres (3) meses, es que el contratante debe verificar la afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Por el contrario, no es necesaria dicha verificación cuando se trate de la venta de bienes por parte de esas personas”. (DIAN. Conc. 72394, nov. 13/2013).


Ley de medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias
[&1616]
L. 986/2005. 

ART. 21.— Los empleadores que paguen salarios, durante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestro, tendrán derecho a deducir de su renta el 100% de los salarios pagados en el respectivo año, con el cumplimiento de las demás exigencias legales para su deducibilidad.

 


Ley de integración social de las personas con limitación
[&1622]
L. 361/1997. 

ART. 31.— Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, mientras ésta subsista.

 

PAR.— La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.


Ley de formalización y generación de empleo
[&1623]
L. 1429/2010. 

ART. 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina.— Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a continuación:
 
Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
PAR. 1°.—Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros:
 
Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los ocho (8) primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el noveno (9) año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el décimo (10) año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del undécimo (11) año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.
 
PAR. 2°.—Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios derivados de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales.
 

PAR. 3°.—Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de Compensación Familiar. A partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán derecho a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado y subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema. (&3931, 3932 y 3933)


[&1624]
L. 1429/2010. 

ART. 65. Vigencia y derogatorias.— La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y promulgación y deroga o modifica las disposiciones que le sean contrarias.
 
PAR. 1°.— Los beneficios de progresividad de que tratan el artículo 5 y 7* de la presente Ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos mil catorce (2014).
 
(…)
 
PAR. 4°.— En lo que hace a los artículos 5 y 7* de la presente Ley, el Gobierno Nacional reglamentará su implementación dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación de la presente Ley.

NOTA *: El art. 7°. de la L. 1429/2010 regula la progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Para ver el texto completo de este artículo hacer click aquí.


[&1625]
D.R. 545/2011 

ART. 1. Beneficiarios.— Tendrán derecho a acogerse a los beneficios establecidos en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y personas jurídicas que desarrollan pequeñas empresas, cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV), que con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, se matriculen en el registro mercantil de las cámaras de comercio.
 
PAR.— Para efectos de lo prescrito en el artículo 2 de la Ley 1429 de 2010, el inicio de la actividad económica principal se determina por la fecha de la matrícula en el registro mercantil.


[&1626]
D.R. 545/2011 

ART. 2. Procedimiento para acceder a los beneficios consagrados en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010.— La persona natural y/o jurídica que desarrolla la pequeña empresa en los términos del artículo 1 del presente decreto, accederá a los beneficios consagrados en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, de la siguiente forma:
 
a) De manera transitoria y hasta tanto se habiliten los sistemas informáticos y los formularios de matrícula mercantil, bastará la manifestación por el interesado o representante legal, según corresponda, de que la persona natural o jurídica cumple los requisitos señalados en el artículo 1 del presente decreto. Esta manifestación se entenderá bajo la gravedad de juramento, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
 
Las cámaras de comercio deberán informar a los usuarios de la existencia de los beneficios y la forma de acceder a los mismos al momento de efectuar los trámites de matrícula. Para tal efecto, habilitarán formatos o modelos transitorios que les permitan registrar y conservar constancia de las manifestaciones del cumplimiento de los requisitos por el interesado o representante legal.
 
b) Una vez se habiliten los sistemas informáticos por parte de las cámaras de comercio y se realicen las adecuaciones correspondientes en los formularios de matrícula mercantil, bastará la declaración que sobre el número de empleados y nivel de activos manifieste la persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de su representante legal.
 
En el formulario la cámara de comercio dejará constancia que tal declaración se entenderá bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
 
En el certificado de existencia y representación legal o de matricula que expida la correspondiente cámara de comercio, se dejará constancia de la condición de pequeña empresa. La información en relación con la pérdida de esta condición deberá ser actualizada en el correspondiente registro sin costo alguno para el solicitante.


[&1627]
D.R. 545/2011 

ART. 3. Adecuación de los Formularios y Sistemas de Información.— Las cámaras de comercio harán los ajustes necesarios al formularlo de registro, según las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. En igual sentido el Ministerio de la Protección Social, a través de los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, deberá efectuar las adecuaciones necesarias.
 
Las cámaras de comercio y las entidades públicas relacionadas con la aplicación del presente decreto, deberán poner en ejecución los sistemas informáticos y tecnológicos necesarios para el intercambio de información, así como adoptar los controles, medidas internas y operativas que sean necesarias para lograr la aplicación efectiva de los sistemas y el uso de los formularios correspondientes a más tardar el 31 de marzo de 2011.


[&1628]
D.R. 545/2011 

ART. 4. Condiciones para conservar beneficios.— Para conservar los beneficios señalados en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y jurídicas que desarrollan la pequeña empresa en los términos previstos en el artículo 1 del presente decreto, deberán mantener los requisitos relacionados con el nivel de activos y número de trabajadores.
 
El cumplimiento de estos requisitos deberá manifestarse al momento de hacer las renovaciones anuales de la matrícula mercantil.
 
Asimismo, el interesado o su representante legal deberá informar el incremento en el límite de trabajadores que establece el artículo 1 del presente decreto, al momento del pago de la seguridad social, a través de los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-.


[&1629]
D.R. 545/2011 

ART. 5. Suministro de información por parte de las cámaras de comercio al Ministerio de la Protección Social.— Las cámaras de comercio, de conformidad con el procedimiento que determine el Ministerio de la Protección Social, remitirán a éste el listado de las empresas identificadas como pequeñas empresas en el registro mercantil.


[&1630]
D.R. 545/2011 

ART. 6. Exclusión de la aplicación de los beneficios de los artículos 5 y 7 la Ley 1429 de 2010.— No podrán acceder o mantener los beneficios de que tratan los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales o jurídicas que desarrollan pequeña empresa que se encuentren en las siguientes situaciones:
 
a) Las personas naturales, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula como persona natural siempre y cuando se refiera a la misma actividad económica;
 
b) Las personas naturales y jurídicas que se hayan acogido a los beneficios previstos en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 y adquieran la calidad de inactivas en los términos del artículo 7 del presente decreto;
 
c) Las personas jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o más personas jurídicas existentes;
 
d) Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley como consecuencia de una fusión.
 
e) Las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la ley en los términos del artículo 250 del Código de Comercio.
 
f) Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, sucursales o agencias transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y que hubieran sido destinados a desarrollar una empresa existente;
 
g) Las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, establecimientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente;
 
h) Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos activos se encuentren establecimientos de comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa existente.
 
i) Las personas naturales o jurídicas existentes antes de la vigencia de la ley y que creen sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la vigencia de la ley.
 
PAR.— Las autoridades responsables de la aplicación de los beneficios de que tratan los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, en ejercicio de las funciones de control y vigilancia que sean de su competencia podrán requerir información adicional para comprobar que una persona natural o jurídica reúne las calidades para acceder al beneficio o para conservarlo.
 
Las cámaras de comercio, en los términos establecidos en el artículo 36 del Código de Comercio, podrán exigir a la persona natural o jurídica, información que acredite lo declarado en el formulario relativa al cumplimiento de las condiciones prescritas en el artículo 1 del presente decreto.


[&1631]
D.R. 545/2011 

ART. 7. Empresas inactivas.— Para efectos de la aplicación de los beneficios de que trata el parágrafo 4 del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010, específicamente, del establecido para el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, se entenderá por empresas inactivas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley:
 
a) No hubieren realizado aportes a la seguridad social por no tener personal contratado durante al menos un (1) año consecutivo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, y
 
b) No hubieren cumplido por un año (1) transcurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010 con su obligación de renovar la matricula mercantil.


[&1632]
D.R. 545/2011 

ART. 8. Información a suministrar para facilitar el seguimiento, control y fiscalización.— Las cámaras de comercio permitirán el acceso a la información a las entidades públicas que ejercen las funciones de seguimiento, control y fiscalización, a efectos de realizar los cruces, actualizaciones y validaciones, sin costo alguno, con el propósito de dar observancia a lo previsto en la Ley 1429 de 2010, en lo que tiene que ver con las normas reglamentadas mediante el presente decreto, acorde con los criterios, periodicidad, condiciones y características que sean determinadas y acordadas previamente por dichas entidades.


[&1633]
D.R. 545/2011 

ART. 9. Instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.— La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a las cámaras de comercio, para la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010.


[&1635]
L. 115/1994. 

ART. 189. Deducción por programas de aprendices.Los empleadores podrán deducir anualmente de su renta gravable, hasta el 130% de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos legalmente, en programas de formación profesional previamente aprobados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.


Pago del subsidio familiar en los sectores agrícola y ganadero
[&1636]
L. 21/1982. 

ART. 69.— Los empleadores cuyas actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la minería, la avicultura o la apicultura, pagarán el subsidio familiar por intermedio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero*, más cercana al domicilio de los trabajadores o de una caja de compensación familiar según regulación general.

 

PAR.— Los empleadores del sector agroindustrial podrán seguir pagando el subsidio familiar a través de una caja de compensación según la regulación general.

 

NOTA *: Actualmente se denomina Banco Agrario de Colombia.


Subsidio Familiar
[&1643]
L. 21/1982.  

ART. 70.— Para que los pagos efectuados por concepto de salarios, subsidio familiar, aportes al SENA, calzado y overoles para los trabajadores sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, es necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero* que funcione en la localidad más cercana al domicilio de sus trabajadores, o en la caja de compensación a que se hallare afiliado, los aportes ordenados por la presente ley. (...).

 

Las certificaciones de paz y salvo que se expidan para efectos de este artículo serán válidos durante el año fiscal correspondiente.

 

NOTA *: Actualmente se denomina Banco Agrario de Colombia.


[&1650]
D.R. 841/1998. 

ART. 9º. Forma de acreditar aportes obligatorios.Para efectos de aceptar la deducción de salarios de conformidad con lo previsto en el artículo 108 del estatuto tributario, los empleadores deberán demostrar que están a paz y salvo por concepto de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993, para lo cual conservarán como parte de los soportes de contabilidad los formularios de autoliquidación con la constancia de su pago o los demás comprobantes de pago, correspondientes al año o período gravable por el cual se solicita la deducción expedidos por la entidad recaudadora, acompañados de la nómina a cargo de éstos.


[&1651]
OPINIÓN DE LA DIAN - Las entidades recaudadoras de los aportes parafiscales son las competentes para certificar si el aportante está o no, a paz y salvo por dicho concepto.— 

“Dentro de los requisitos legales establecidos por las normas tributarias para la aceptación de deducciones por salarios, el Estatuto Tributario en su artículo 108 exige que los contribuyentes se encuentren a paz y salvo por concepto de pago de los aportes parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, lo que hoy se conoce como el sistema de seguridad social integral, hecho que deberá ser certificado por las respectivas entidades recaudadoras. (...)

 

La Administración Tributaria es competente para establecer la procedencia de las deducciones por gastos salariales y para aplicar la sanción establecida en el artículo 664 del Estatuto Tributario, pero atenida a la certificación previa sobre el estado de cuenta del aportante, que expidan las entidades recaudadoras y/o las entidades de control (Ministerio de Protección Social, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Subsidio Familiar etc.), por ser estas las responsables de determinar la base, cuantía y pago de los aportes.

 

Por lo expuesto deben entenderse modificados los conceptos 49197 de junio 26 de 1998 y 048783 de agosto 5 de 2002”. (DIAN, Conc., 085940, dic. 06/04. Promulgado Diario Oficial No. 45.769 del 21 de diciembre de 2004) (&.14962)

085940


[&1652]
OPINIÓN DE LA DIAN -Para el reconocimiento de la deducción por salarios es requisito que el contribuyente este a paz y salvo con los aportes parafiscales sobre el valor total solicitado como deducción en el respectivo año o período gravable.— 

(...) Solicita usted revisión de la doctrina plasmada en los conceptos números 49197 de junio 26 de 1998 y 13030 de febrero 17 de 1997, en los cuales se consideró que para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación, es requisito para aceptar la deducción por salarios que los aportes parafiscales se hayan efectuado tomando en cuenta  no  solo los valores pagados sino los causados.

 

En su opinión,  es suficiente para solicitar la deducción por salarios y vacaciones tomar lo causado por el contribuyente y exigir como requisito que sobre  tales  valores cuando efectivamente se hayan pagado, se haya hecho el aporte a las entidades parafiscales.

 

El artículo 108 del Estatuto Tributario establece: (...). 

 

Los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.

 

Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos remunerados es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las Cajas de compensación familiar.” 

 

Si bien es cierto la ley 21 de 1982 indica que los aportes parafiscales se deben efectuar sobre el valor total de la nómina mensual de salario, entendida esta como la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, no es menos cierto que en los términos de la ley fiscal (artículo 104 del Estatuto Tributario) las deducciones se entienden realizadas cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie salvo cuando el contribuyente lleve su contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden realizadas en el año o período en que se cause aun cuando no se haya hecho efectivo el pago.

 

En efecto el artículo 104 dispone: (...).

 

Cuando las normas fiscales son claras en la exigencia de unos determinados requisitos para el reconocimiento de las deducciones al intérprete no le es dable desatender su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu, razón por la cual si el contribuyente solicita como deducciones el pago de unos salarios debe estar a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales, sobre el valor total solicitado como deducción, de lo contrario se violaría el artículo 108 del Estatuto Tributario, aceptando como deducibles valores sin el cumplimiento de los requisitos señalados fiscalmente para su aceptación.

 

No sobra advertir que el no cumplimiento de la obligación de efectuar los aportes parafiscales, ocasionará el desconocimiento de la deducción por salarios; en la forma prevista en el artículo 664 del Estatuto Tributario: (...). (DIAN. Conc. 048783, ago. 5/2002. Promulgado Diario Oficial No 44.899 del 13 de agosto de 2002) (&1529)

048783


[&1653]
OPINIÓN DE LA DIAN - Procedencia de la deducción por salarios y descansos remunerados.— 

(...) “Cuando la norma hace alusión al pago, tiene la connotación de diferenciar los patronos obligados a pagar los aportes parafiscales de aquellos que no lo son, para estatuir que únicamente los primeros deben cumplir con el requisito del pago de los mismos para la procedencia de la deducción de los salarios; por tanto, la palabra “pagar” no está haciendo alusión a los salarios solicitados como deducción (salarios pagados si no lleva contabilidad o los causados cuando se lleva contabilidad por este sistema).  

 

Además, atendiendo el título del artículo, parte integral del mismo y en concordancia con las normas relativas a la realización y causación de los costos y deducciones, se tiene que el requisito es para la procedencia de los salarios solicitados como tales, que por expreso mandato del artículo 105 del Estatuto Tributario son los causados para aquellos que llevan contabilidad por dicho sistema. Solicitándose como deducción los salarios causados, “...estar a paz y salvo por tales conceptos...” se refiere a los aportes parafiscales correspondientes a los salarios causados deducidos y no a los pagados, como acertadamente lo analiza el Concepto 048783 del 5 de agosto de 2002, el cual se confirma en su integridad". (DIAN, Conc. 032141, jun. 9/03. Promulgado Diario Oficial No. 45.222 de junio 18 de 2003)

032141


[&1654]
OPINIÓN DE LA DIAN - Son deducibles de la renta los gastos por concepto de salud y educación efectuados por los asalariados obligados a declarar.— 

“En estas condiciones, la ley consagra una deducción especial para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tienen la calidad de asalariados, que disminuye la base para el cálculo de la retención en la fuente sobre los ingresos laborales y beneficia por igual a los asalariados declarantes y a los no declarantes.

 

En efecto, la norma no establece que los contribuyentes autorizados para solicitar el beneficio sean exclusivamente los asalariados obligados o los no obligados a presentar declaración de renta y complementarios. (...)

 

Dado que el impuesto de renta y complementarios a cargo de los asalariados no declarantes es igual a la totalidad de las retenciones, la disminución de la base de retención para estos contribuyentes implica una disminución directa de la base gravable del impuesto. En otras palabras, la deducción de los pagos por concepto de salud y educación, en el caso de los asalariados no declarantes, se aplica directamente sobre la base de retención en la fuente.

 

En el caso de los asalariados obligados a declarar no basta con la disminución de la base para el cálculo de la retención en la fuente en el valor correspondiente a estos pagos, sino que se requiere, además, su imputación como deducción en la respectiva declaración de renta, para que tengan el mismo efecto sobre la base gravable del impuesto.  

 

Finalmente, no sobra precisar que la deducibilidad de estos pagos está sujeta a las mismas  limitaciones previstas en el artículo 387 del Estatuto Tributario respecto de la disminución de la base para el cálculo de la retención en la fuente por ingresos laborales, las cuales se aplican por igual a los asalariados declarantes y a los no declarantes, teniendo en cuenta el monto de los ingresos para ejercer la opción de deducir los pagos por salud y educación o intereses y corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de su vivienda. (...)

 

En los anteriores términos se revocan los conceptos que sean contrarios a la presente doctrina.” (DIAN, Conc. 22690, abr. 19/04. Promulgado Diario Oficial No. 45.532 del 27 de abril de 2004) (&7334)

22690


[&1657]
D.R. 841/1998. 

ART. 12. Deducción de contribuciones y aportes a fondos de pensiones y fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles los aportes que efectúe el empleador a los fondos de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, y las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Igualmente son deducibles los aportes que se efectúen a administradoras del régimen de prima media con prestación definida.


[&1658]
D.R. 841/1998. 

ART. 14. (…)

 

PAR.— Los aportes que realice el empleador a los fondos de pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, serán deducibles para éste en el mismo período gravable en que se realicen.

 

Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios períodos gravables como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de éste a los fondos de pensiones, así como los rendimientos que haya obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos con dichas cantidades y se restituyan los recursos al empleador.


Ley de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia
[&1659]
L. 1257/2008. 

ART. 23.— Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un período de tres años.


[&1660]
D.R. 2733/2012. 

ART. 1. Objeto.— El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008.


[&1661]
D.R. 2733/2012. 

ART. 2. Ámbito de aplicación.— El presente decreto aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios que en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y procede por un término máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral.


[&1662]
D.R. 2733/2012. 

ART. 3. Definiciones.— Para dar aplicación a lo previsto en el presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

 

a. Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

 

Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada.

 

Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada.

 

Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada.

 

Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada.

 

Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias y de los hijos.

 

Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas.

 

b. Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a. del presente artículo.

 

c. Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia.


[&1663]
D.R. 2733/2012. 

ART.  4. Confidencialidad.— Los empleadores que hagan uso de la deducción a que se refiere el presente Decreto, están obligados a mantener la confidencialidad sobre las situaciones de violencia que han afectado a las mujeres víctimas contratadas.


[&1664]
D.R. 2733/2012. 

ART. 5. Procedencia de la deducción.— Para la procedencia de la deducción deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

 

a. Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley.

 

b. El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres (3) años si ésta se mantiene.

 

c. La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores a través de empresas de servicios temporales.

 

d. Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el literal a. del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.
 


[&1666]
D.R. 2733/2012. 

ART. 6. Requisitos para la procedencia de la deducción.— Los empleadores que soliciten la deducción establecida en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, deberán acreditar la existencia y cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

a. Contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del presente Decreto, acreditando la existencia de la relación laboral dentro del período gravable en que se solicita la deducción.

 

b. Copia de la constancia de violencia comprobada, de acuerdo con la definición establecida en el literal b) del artículo 30 del presente Decreto.

 

c. Comprobante de los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones sociales cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia comprobada, durante el período gravable en el cual se solicita la deducción.

 

d. Certificación expedida por el operador de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en la que consten las cotizaciones, aportes y bases, relativas a las trabajadoras a que se refiere el presente Decreto.

 

e. Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o el documento que haga sus veces, relacionada con los pagos realizados desde la vinculación laboral que da lugar al beneficio y durante el respectivo año gravable, mediante la cual se prueben los pagos periódicos de los salarios y aportes que dan lugar a la deducción en el periodo gravable correspondiente.

 

f. Acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 108 del Estatuto Tributario y los demás requisitos para la procedibilidad de las deducciones.


[&1668]
D.R. 2733/2012. 

ART. 7.— Para fines de control, la U.A.E Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, llevará un registro de los contribuyentes beneficiarios de la deducción fiscal de que trata el presente Decreto, que deberá contener como mínimo la siguiente información:

 

Nombre o razón social y NIT del contribuyente contratante.
Nombre e identificación y número de mujeres víctimas de violencia, contratadas.
Fecha de inicio de la relación laboral y término de la duración del contrato de cada una de las trabajadoras vinculadas.
Tipo de medida contenida en la certificación de violencia comprobada de cada una de las mujeres contratadas.
Cargo por el que se le contrata.
Salario.
Edad de la mujer contratada.
Nivel educativo.


Esta información deberá ser remitida por el contribuyente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los plazos y con las especificaciones técnicas que se prevean para el efecto.

 

El incumplimiento en el envió de esta información dará lugar a la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. (&14727)
 


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